.En medio de la polémica en la Cámara de Diputados por la gran cantidad de inscriptos en las audiencias públicas por la Ley de Glaciares, organizaciones ambientalistas presentaron una medida cautelar para que se le ordene al Congreso “garantizar la participación” de todas las personas que se anotaron para exponer.
El escrito fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina. El mismo recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico que este viernes rechazó la petición.
La medida de los ambientalistas llegó como respuesta a la reciente decisión que tomaron las autoridades de la Cámara de Diputados, al tener una cifra récord de 65.000 personas inscriptas para exponer en las audiencias públicas por la Ley de Glaciares. Originalmente, se había decidido llevar a cabo dos audiencias: una el 25 de marzo en forma presencial, y la otra al día siguiente, en forma remota, para darle un caracter “federal” al debate.
Sin embargo, frente a las miles de personas que se anotaron, además de las más de dos mil páginas de solicitudes de inscripción en sólo unos días, difundieron una nueva manera de participar de la audiencia pública, ofreciendo a los expositores que manden un video grabado, que será incorporado formalmente al debate legislativo.

En este marco, las organizaciones ambientalista solicitaron "la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas".
"En particular, se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública", reclamaron sobre el formato que dispusieron las autoridades.
Asimismo, solicitaron la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presencial como virtual, "a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú".

Tras conocerse la presentación, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (Laa Libertad Avanza), señaló que las audiencias públicas por la Ley de Glaciares “son ilegitimas”.
“Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONG’s y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana. pero no lo lograron: la justicia federal rechazó el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3”, señaló desde su cuenta de X.
El diputado nacional afirmó que se está cumpliendo con el Acuerdo de Escazú que mencionaban las organizaciones ambientalistas y que se cumplieron con “todos los recaudos exigidos” para la convocatoria. Además, señala que se cumplió también con el acceso a la información previa.
“No se dispuso ningún criterio restrictivo de participación. Al contrario, se implementó un mecanismo de máxima participación: cualquier ciudadano, de cualquier rincón del país, puede hacer llegar su posición por escrito o en formato audiovisual. ¿Dónde está la restricción? No existe. Puro relato”, remarcó.