Personas con discapacidad, organizaciones del sector, transportistas, instituciones prestadoras de servicios, profesionales de la salud y familias protestaron este miércoles frente a la Casa Rosada, para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La jornada de lucha, que denuncia la falta de pagos a los prestadores de servicios -en algunos casos desde agosto del año pasado-, contó con la habitual violencia policial que el Gobierno ultraderechista ejerce contra quienes reclaman por sus derechos.

Unos minutos antes del mediodía, la Policía Federal se lanzó sobre los manifestantes que intentaban montar una carpa, con empujones que terminaron con una persona herida en la cabeza.
Miriam, mamá de un joven de 32 años con discapacidad, contó desde las inmediaciones de la Casa Rosada que fue una “escena sumamente violenta” la que protagonizó la Policía Federal. “No se puede creer que ataquen al colectivo de las personas con discapacidad, a las familias, no puede ser, no hay justificativo”, lamentó en diálogo con Futurock.

“No pueden ser violentos con personas con discapacidad, gente que no ve, que no habla, que no camina, gente con muchas dificultades y muchas necesidades”, insistió la mujer, que decidió asistir a una protesta por primera vez en su vida al enterarse de que las maestras del centro de día al que asiste su hijo en Temperley cobraron la mitad de su sueldo.
“No les están pagando a los profesionales. Nosotras las familias estamos destruidas. Es muy difícil conseguir centros de día, conseguir las terapias, que te autoricen la medicación. Y una vez que mi hijo en el 2022 consiguió un excelente centro de día, no puede ser que no les estén pagando, que las maestras estén renunciando”, expresó angustiada.
Y agregó: “Se han ido maestras a trabajar a geriátricos porque no les pagan. El lunes recibieron la mitad del sueldo, es una locura. IOMA no está pagando desde el mes de agosto. Hace 30 años que (la situación de las personas con discapacidad) es difícil, pero como ahora, jamás. Esto es inaudito, es violencia, es no pensar en el otro, es falta de empatía”.
María Alejandra, otra mujer que asistió este miércoles a la manifestación, tiene un centro de día para chicos con discapacidad mental en Mataderos y no recibe los pagos correspondientes desde octubre del año pasado. “No nos pagan, entonces no podemos tener a los chicos, porque es insostenible. Hay que pagar la comida, hay que pagarle a los profesionales, hay que mantener la institución. Es una injusticia lo que están haciendo”, señaló.
“Desde octubre que no nos pagan, Incluir Salud PNC Pami. No nos atienden. La marcha pasada no nos dieron ninguna contestación. Pedimos que nos paguen, nada más, que nos paguen para poder seguir atendiendo a los chicos”, insistió la mujer.
En ese sentido, apuntó contra el presidente Javier Milei. “Él se preocupa por otras cosas. Evidentemente no tiene ningún familiar así. Yo tengo un hijo con TEA y es muy triste lo que están haciendo, él y la hermana. Y me extraña, porque en Estados Unidos, él que es tan amigo de Trump, no pasa esto con los discapacitados, los respetan”, aseguró.
La Ley 27.793 que declara la emergencia nacional en Discapacidad, obliga a la actualización de aranceles para prestadores y crea una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social compatible con el empleo formal, fue sancionada en julio del año pasado y luego vetada por el presidente Javier Milei.
En septiembre, sin embargo, el Congreso logró hacer caer el veto presidencial, por lo que el Gobierno, en un acto ilegal, promulgó la ley suspendiendo su aplicación. La norma fue reglamentada mediante el Decreto 84/2026 recién en febrero de este año, tras un fallo judicial que ordenó su implementación. Sin embargo, los prestadores denuncian una ruptura en la cadena de pagos y una fuerte desactualización de los valores de las prestaciones.
Además, esta semana el jefe de Gabinete Manuel Adorni -envuelto en un escándalo por haber incluído a su esposa en la gira presidencial a Estados Unidos-, anunció que este año enviarán al Congreso un proyecto de ley para profundizar el recorte del área de discapacidad.