En un giro inesperado en la agenda parlamentaria prevista, el Gobierno decidió dilatar el tratamiento de la ley de Glaciares en Diputados y su debate en el recinto se daría recién en abril.
En el comienzo del plenario de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, el presidente de esta última, el oficialista Nicolás Mayoraz, sorprendió con la propuesta de trabajo. Habrá dos jornadas de audiencias públicas: una el 25 de marzo, presencial, desde las 10 de la mañana, y otra el 26, de modo virtual.
De esta manera, en los cálculos de La Libertad Avanza, se buscará dictamen en la semana del 8 de abril y se discutirá el proyecto en el recinto entre mediados y fines del mes próximo. Es un cambio abrupto en función de la velocidad con la que se trató el texto en el Senado. Al inicio de la semana, en los pasillos de la Cámara baja, se especulaba con que ese día se consiguiera dictamen y que ese mismo jueves o el siguiente se convirtiera en ley. Algo cambió.
 
“Este es un debate meramente constitucional y, así como estaba, la ley iba camino a judicializarse”, alertó un diputado de la oposición. “Este es un pequeñísimo triunfo. Nosotros ganamos tiempo, pero ellos también lo tienen”, agregó.

Quienes se oponen al proyecto interpretan que la decisión de extender la discusión por tanto tiempo se da porque el oficialismo está, por un lado, solo levemente en ventaja con los votos y, por otro, por el altísimo riesgo de judicialización posterior.
Las empresas mineras habrían advertido sobre este punto. Requieren que la ley sea clara para comenzar con la explotación de los recursos y evitar que la normativa entre en el largo camino del sistema judicial local.
La semana pasada, varias compañías compartieron con funcionarios del Gobierno en la Argentina Week de Nueva York, un panel donde se propuso “desbloquear la frontera minera” y proyectar al país como “la próxima potencia mundial en minerales críticos”.
Argentina debe cumplir con la instancia de audiencia pública dado su adhesión al Acuerdo Ambiental de Escazú. “Constitucionalmente están obligados a hacer una audiencia abierta, previa e informada con la población”, advierten en Unión por la Patria. Sin embargo, Mayoraz sostuvo ante El Destape que están “obligados a hacer una instancia de participación”, pero que el acuerdo “no los obliga en ambas cámaras ni a que sea a través de audiencia pública”. Es decir, para el oficialismo, con las exposiciones que se dieron en el Senado alcanzaba, aunque dejaba lugar a dudas.
“Vamos a darle la máxima discusión, cinco minutos por orador, flexibles según la cantidad de inscriptos. Vamos a aceptar la más amplia participación, pero las opiniones no son vinculantes”, resaltó Mayoraz.
En la oposición porotean 132 votos a favor y 129 en contra, muy al filo de lo necesario, con un universo de por lo menos 13 indecisos que va desde Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot hasta algunos del bloque de UP y del radicalismo que votarán divididos. A esto debe sumarse la opinión dividida de las provincias. En el último Consejo Federal de Medio Ambiente hubo empate respecto de la modificación de la Ley de Glaciares: 8 a 8, con un nutrido grupo de abstenciones, entre las que se encuentran Corrientes, Neuquén y Santiago del Estero.
En el oficialismo confían en que se seguirá trabajando para conseguir los votos y que la media sanción obtenida en el Senado garantiza su aprobación.