Diego Santilli corrió a uno de los últimos sobrevivientes de la gestión de Guillermo Francos y finalmente se quedó con el control del Registro Nacional de las Personas.
El ministro del Interior le pidió la renuncia a Pablo Santos, que estaba imputado en la causa por las coimas de Securitas que investiga la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.



En abril del año pasado, la empresa sueca Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas para vigilar organismos públicos. La compañía de seguridad privada reveló que en su balance tenía un faltante de millones de dólares que se iban en pagos de coimas a funcionarios de decenas de organismos nacionales y provinciales. Uno de los funcionarios imputados es Santos, que seguirá como asesor en el Renaper.



El funcionario saliente será reemplazado por Diego Pérez Lorgueilleux, un hombre de confianza de Santilli.



Pérez Lorgueilleux fue director de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad y trabajó como Secretario Administrativo de la Legislatura porteña, designado por el vice primero, Matías López, también del equipo de Santilli.