Bajo la consigna “total apoyo al proyecto de modernización laboral”, dos entidades patronales metalúrgicas salieron al cruce este lunes del pronunciamiento de otras tres cámaras empresarias que habían rechazado varios artículos de la reforma impulsada por el Gobierno. Se trata de las asociaciones de fabricantes de autopartes (AFAC) y de pymes metalúrgicas (Camima) que coincidieron en respaldar en particular el fin de la vigencia de los aportes convenidos entre cámaras y sindicatos y que en este caso recauda la mayor entidad del sector, Adimra.


El comunicado es una respuesta directa a la nota coordinada entre Adimra y las mercantiles Cámara de Comercio (CAC) y Confederación de la Mediana Empresa con la CGT, que atacó cinco artículos de la reforma entre los que se destacan la caída de la ultraactividad de esos aportes. En el caso del sector de comercio, equivalentes al 0,5% del salario de cada empleado con destino al Instituto de Capacitación y Formación (Inacap), mientras que en el de las metalúrgicas, del 1% para el financiamiento de Adimra.


“Consideramos que esta iniciativa resulta esencial para el futuro sostenible de la economía productiva y de la industria, generando empleo genuino y de calidad. El régimen actual ha fracasado. Este fracaso tiene consecuencias sociales enormes: estancamiento, informalidad, salarios bajos, baja eficiencia y productividad. Es necesario un esquema moderno y realista como el propuesto. Por ello expresamos nuestro firme acompañamiento a la propuesta de limitar la ultraactividad de los convenios colectivos para terminar con la obsolescencia de muchos de ellos, que tienen más de cincuenta años”, destaca la nota de AFAC y Camima, rivales frecuentes de Adimra en cada paritaria con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
El Gobierno buscará bajar la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinariasLas objeciones de las tres patronales que reveló en exclusiva El Destape días atrás apuntaron a cinco artículos de la reforma laboral: el 126 y el 128, que ponen fin a la ultraactividad (vigencia de acuerdos más allá de su vencimiento formal y hasta la firma de uno nuevo) de las denominadas “cláusulas obligacionales” de los convenios colectivos, en general referidos a aportes no salariales a gremios o representaciones empresariales; el 130 y 131, que habilita los entendimientos de menor nivel (por empresa, región o provincia) por encima de los de alcance nacional, y el 132, que habilita al Gobierno por su cuenta a forzar la renegociación de ítems de un convenio colectivo.
En su disputa intraentidades, AFAC y Camima alegan que los cinco artículos responden a prerrogativas de Adimra para continuar con la recaudación de su cuota a empresas incluso no afiliadas. Por esa disputa ya hubo causas judiciales y durante la gestión de Javier Milei dos intentos (ley Bases y un DNU) por ponerles fin que quedaron en suspenso por cautelares en Tribunales. Para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se trata de una bandera de lo que entiende como costos extrasalariales propios de entendimientos de cúpula.
La queja de los autopartistas y las pyme metalúrgicas no da cuenta de que la práctica recaudatoria de Adimra siguió incluso cuando la Justicia dictaminó que no era obligatorio el pago de las empresas. Es decir que por aval, por omisión o por defecto, las fábricas en su mayoría mantuvieron los aportes a pesar de que ya no estaban forzadas a hacerlo.