La Confederación General del Trabajo (CGT) vuelve a ocupar un lugar central en la discusión por la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Aunque el debate formal todavía no llegó a la Cámara de Diputados, los contactos ya están en marcha y el sindicalismo se prepara para influir en una etapa que promete ser intensa.
En la segunda quincena de enero, el oficialismo retomará en el Senado las conversaciones para consensuar el proyecto de modernización laboral, que ya cuenta con dictamen de mayoría del plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Ese proceso está encabezado por la senadora Patricia Bullrich, quien asegura que el 11 de febrero la iniciativa tendrá media sanción.
Mientras tanto, en Diputados, el escenario se mueve. El socialista Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, confirmó que tienen agendada una reunión con la CGT, coordinada originalmente en diciembre con el triunvirato sindical y reprogramada tras el tratamiento del Presupuesto 2026. “Es importante que el Gobierno haya aceptado posponer el debate, porque habla de una primera voluntad de incorporar modificaciones y escuchar a los gobernadores y a las centrales sindicales”, sostuvo.
En paralelo, el peronismo refuerza su estrategia junto al sindicalismo. La bancada de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, apoya su ofensiva en diputados de extracción gremial como Hugo Yasky, Vanesa Siley, Mario ‘Paco’ Manrique, Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, todos con diálogo directo con la CGT.
Desde ese sector ya comenzaron a circular proyectos propios, más allá de cambios puntuales al texto oficial. Entre ellos se destaca una iniciativa de Yasky que modifica la Ley de Contrato de Trabajo en materia de vacaciones, estableciendo que el descanso anual se otorgue entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo, y que quienes tengan hijos en edad escolar coincidan con el receso educativo.
También hay propuestas vinculadas a un régimen para prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral, cambios en indemnizaciones por despidos sin causa, licencias especiales y un esquema específico para trabajadores de plataformas digitales. En este último punto, se plantean reglas claras sobre asignación de viajes, funcionamiento de algoritmos, remuneraciones mínimas garantizadas y protocolos ante accidentes o delitos en la vía pública.
Mientras la CGT mantiene abiertos los canales con la oposición, también sostiene contactos con el oficialismo. “La CGT mantiene contactos con nosotros y también con el Gobierno. Los encuentros se atrasaron, pero los contactos son fluidos”, señalaron desde el peronismo, aunque aclararon que no acompañarán ningún cambio que afecte la ultraactividad, el Fondo de Asistencia Laboral o los convenios colectivos.
Desde el Gobierno, en tanto, aseguran que el diálogo sigue abierto. La propia Bullrich repite que está dispuesta a negociar siempre que no se modifique el “espíritu” de la norma, mientras el Ejecutivo busca evitar un debate con las calles tensionadas por protestas.
El oficialismo confía en lograr la aprobación en el Senado y avanzar luego en Diputados, donde anticipan pedidos de cambios. El diputado Santiago Pauli aseguró que habrá modificaciones al dictamen original y sostuvo que existen posibilidades de sanción también en la Cámara baja. En esa estrategia, el Gobierno no descarta sumar apoyos provinciales, incluso de distritos gobernados por el kirchnerismo.
Para la CGT, el escenario que se abre en enero y febrero será decisivo. Con reuniones reactivadas, proyectos alternativos sobre la mesa y advertencias públicas, el sindicalismo busca dejar en claro que la reforma laboral no pasará sin discusión y que su rol en el Congreso será todo menos decorativo.