A poco de cumplirse un año del escándalo $LIBRA, la querella le pidió a la Cámara Federal que vuelva a inmovilizar el patrimonio de los imputados y/o que les trabe un embargo más alto que el actual, que es de 36 millones de pesos, monto que considera irrisorio para la gravedad de un fraude y otros posibles delitos en los que podría estar implicado hasta el Presidente Javier Milei. Además, reclamó que la Cámara de Casación, como superior, desactive un intento de fórum shopping por el cual busca quedarse con el caso la sala I del tribunal de alzada, cuando la que intervenía desde un comienzo era la sala II.

La presentación fue en el contexto de una audiencia que estaba convocada para este martes ante la Cámara Federal y en la que también presentaron sus escritos las defensas del empresario estadounidense Hayden Davis (creador del token $LIBRA y quien habría firmado un contrato para asesorar al gobierno de Milei), los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (quienes fueron nexo entre el Presidente y Davis) y Sergio Morales (ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, quien habría participado de negociaciones). Como es obvio ellos rechazan cualquier medida que les impida movimientos patrimoniales o financieros. Se aferran, además, a que el fiscal Eduardo Taiano avaló la situación actual que los favorece, sin congelamiento y con un embargo que no les resultaría significativo.

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Entretanto, hay una situación peculiar y con poca publicidad que se relaciona con la denuncia de cambio de sala de la Cámara de Apelaciones que revisa la causa. En mayo de 2025 la jueza María Servini había dispuesto el congelamiento patrimonial y de billeteras de Novelli y Terrones Godoy. Tiempo después, se supo que ambos empresarios habían intentado burlar la medida cuando se estaba por producir, y movieron 500.000 dólares. La jueza insistió con la inmovilización.
Los imputados reclamaron ante la Cámara y la discusión quedó entonces en manos de la Sala II de la Cámara Federal (Martín Irurzun, Eduardo Farah, Roberto Boico), que ya intervenía en el asunto. Ese tribunal desechó medidas de no innovar que impidieran a los implicados hacer operaciones y sostuvo que el juzgado debía fijar un embargo concreto. En el ínterin el expediente migró de la órbita de la jueza Servini y pasó al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi (por una decisión sorpresiva de otro juez que la subrogaba, Ariel Lijo). El argumento fue que él tenía un expediente más amplio, que incluía supuestas coimas que algunos empresarios le atribuyen haber gestionado a Karina Milei para entrevistas y negocios con su hermano.

Con la indicación de la Cámara, el juez decidió dar por terminado el congelamiento de bienes y activos y dispuso un embargo de 36 millones de pesos (un poco más de 24.000 dólares) siguiendo un razonamiento de la defensa de Davis, que decía que el dinero que reclamaban las querellas no eran montos significativos. El estadounidense, sin embargo, había admitido públicamente que tenía en su poder más de 100 millones de dólares “de Argentina”. Luego adujo que había armado un fideicomiso para cumplir con el supuesto fin original que tenía $LIBRA (de fondear emprendimientos), de lo que nunca ofreció precisiones.

La querella que representan el ahora diputado Juan Grabois y su equipo de abogados apeló y en medio de todo el enroque de juzgados, empezó a intervenir como si nada la Sala I (Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia). Por eso uno de los reclamos que plantea ahora es que Casación defina qué sala debe intervenir en el expediente.
En el escrito esta querella dice: “la Sala II no solo fue anterior, sino también objetivamente más profunda y relevante que la posterior actuación aislada de la Sala I” y “cualquier decisión que avale el desplazamiento de la Sala que previno implicaría un serio menoscabo a la seguridad jurídica, habilitando un precedente sumamente peligroso: que la competencia del tribunal de alzada quede sujeta a las preferencias coyunturales de las partes, en una suerte de forum shopping incompatible con el debido proceso. La anomalía señalada no constituye una cuestión meramente formal. Por el contrario, incide directamente en la validez y legitimidad de las decisiones adoptadas, incluyendo aquellas relativas a medidas cautelares patrimoniales de significativa trascendencia económica, como las aquí cuestionadas”.

La medida en discusión
Como criterio general, la querella dice que “la flexibilización injustificada de las cautelares en etapas tempranas del proceso no sólo compromete los derechos de las víctimas, sino que debilita la función preventiva y simbólica del sistema penal, al transmitir una señal regresiva en materia de recuperación de activos y de combate contra la criminalidad organizada de carácter patrimonial”. En esta causa en particular, advierte, “omite valorar adecuadamente el tipo de activos involucrados, la dinámica propia de la maniobra investigada y el riesgo cierto e inmediato de frustración del decomiso (…) el levantamiento de la prohibición de innovar neutraliza por completo cualquier intento de aseguramiento patrimonial, habilitando un escenario de riesgo que resulta incompatible con la finalidad del proceso”.
Cuestiona que se apliquen los criterios del “embargo patrimonial clásico”, “concebidos para bienes registrables o activos financieros tradicionales”, “a una operatoria que involucra activos digitales de altísima fungibilidad, volatilidad y facilidad de transferencia, cuyas características técnicas y funcionales exigen un abordaje cautelar sustancialmente distinto” de manera de impedir “la dispersión de activos digitales”. Recuerda que en el contexto de esta misma causa Novelli y Terrones Godoy movieron dólar cripto con mucha facilidad en medio de las medidas de la causa.
“El embargo preventivo dispuesto y mantenido en autos por la suma de $36.000.000 resulta manifiestamente desproporcionado cuando se lo analiza a la luz de los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables, así como del nuevo estado de la causa, que incorpora víctimas adicionales y una actualización sustancial de los montos involucrados”. Se refiere a las presentaciones de dos inversores de Bielorrusia que alegan haber perdido, entre ambos, algo más de dos millones de dólares. Estas personas aún no fueron admitidas como querellantes. Más allá de esto, la apelación sostiene que el criterio debería ser el monto total de la operación. Y que la prohibición de no innovar sería “la única medida verdaderamente idónea para impedir la libre disposición y eventual ocultamiento de los activos” mientras que un embargo como el establecido es “meramente simbólico”.
El 14 de febrero se cumplirá un año desde que Milei hizo un tuit invitando a invertir en $LIBRA, token que compraron billeteras con información privilegiada, se disparó el valor y al rato se desplomó, lo que perjudicó a unos 40.000 ahorristas. Luego el presidente dijo en otro posteo que no estaba interiorizado respecto de la criptomoneda.
Según publicó el periodista Mariano Vidal en Clarín, en el momento del lanzamiento Novelli y Terrones estaban en Dallas con Davis, mientras el Presidente estaba en contacto con los dos primeros. ¿Habrá recibido en esos intercambios la información que compartiría en su cuenta de “X”? También reveló los términos del acuerdo que el empresario estadounidense habría firmado con Milei. Como ya informó este diario Davis estuvo seis veces en Argentina en 2024 y con mandatario y los traders juntos al menos tres. En los días y semanas previos al escándalo y mientras Davis estaba en Argentina hubo transferencias
millonarias desde billeteras ligadas a él hacia otras vinculadas con Novelli y Terrones Godoy. Todavía no se ve el reflejo y estudio de estas circunstancias en la causa, ni se conoce el análisis –por ejemplo—de sus mensajes y el contenido de sus celulares.