En medio de una nueva crisis política por el narcoescándalo que tiene como protagonista a José Luis Espert, principal candidato libertario en la provincia de Buenos Aires, y de la interna que sacude a la Casa Rosada; el Gobierno sufrió dos nuevos golpes en el Senado. La oposición rechazó por segunda vez el veto al financiamiento universitario con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, una mayoría que superó los dos tercios. La norma garantiza la actualización de gastos universitarios y la recomposición salarial de docentes y no docentes. También se insistió con la ley que declara la Emergencia en Pediatría y protege al Hospital Garrahan, aprobada con 59 votos positivos, 7 negativos y 3 abstenciones. Ambos expedientes se convirtieron automáticamente en leyes y el Ejecutivo está obligado a promulgarlas. En términos políticos, la jornada expuso una vez más la fragilidad parlamentaria del oficialismo libertario, justo cuando el gobierno de Estados Unidos le exige a Milei cerrar acuerdos para sostener su gobernabilidad y habilitar un nuevo salvataje financiero a menos de un mes de las elecciones de medio término.

Una vez más, el oficialismo quedó aislado en la Cámara alta. Además de los cinco libertarios presentes, solo la cordobesa bullrichista Carmen Álvarez Rivero y el formoseño Francisco Paoltroni se atrevieron a votar en contra de las universidades nacionales y del Hospital Garrahan. Hubo, además, tres abstenciones de los senadores del extinto Juntos por el Cambio —Alfredo de Angeli, Martín Goerling y Victoria Huala— que parecen llevar el sello de Mauricio Macri, quien días atrás volvió a reunirse con Milei. La radical Carolina Losada también se abstuvo en el caso del financiamiento universitario, un gesto más afín al libertarismo que a la UCR.
Las derrotas en el Senado no son un episodio aislado ni un traspié circunstancial: son la radiografía de un gobierno que eligió dinamitar puentes y ahora paga el costo de su soledad. Los fracasos que acumula el gobierno responden más a su propia mala praxis política para con quienes intentaron colaborar que a los supuestos ánimos de “golpismo” que Milei le adjudica al peronismo. De cualquier forma, las derrotas constituyen una señal preocupante para los tutores del norte, que le reclaman al Presidente mayor solidez política justo cuando debe sancionar el Presupuesto 2026 con José Luis Espert jaqueado por el escándalo narco pero aún a cargo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 
En condiciones normales, el gobierno debería rediseñar el presupuesto e incluir las partidas que se desprenden de las nuevas leyes, pero la anomia libertaria encontró un atajo por fuera del recorrido institucional. Semanas atrás el Ejecutivo promulgó la Emergencia en Discapacidad, aunque decidió dejarla en suspenso hasta que la oposición detallara las fuentes de financiamiento. Ese argumento que excede las atribuciones del Poder Ejecutivo fue desestimado por el radical Martín Lousteau, quien recordó que el proyecto de Régimen Penal Juvenil enviado por Milei al Congreso con la firma de Francos faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas para su aplicación, tal como establece la Emergencia en Discapacidad. El miércoles el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reveló que el gobierno no implementará leyes que supongan nuevos gastos. Los dichos del funcionario presuponen que se profundizará el conflicto de poderes que desató la Casa Rosada al incumplir con las leyes que sanciona el Congreso.



Si bien el jefe de Gabinete fue duramente cuestionado durante la sesión, la oposición aún no reúne los números necesarios para avanzar con una moción de censura ni mucho menos para aspirar a su remoción. El Senado, en cambio, aprobó con 54 votos afirmativos el rechazo al decreto 681/25 que promulgó la Emergencia en Discapacidad, una iniciativa impulsada por Lousteau. “Vamos a acompañar esta moción que trae el senador Lousteau, que en realidad es atenuada porque lo que correspondería es una censura al jefe de Gabinete”, sostuvo el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, tras una encendida crítica al gobierno libertario por no respetar la división de poderes.
Hay plataDurante el debate, varios senadores desnudaron las inconsistencias del relato libertario. Wado de Pedro señaló que el presupuesto presentado por Milei con un supuesto aumento para las universidades es, en realidad, un presupuesto de ajuste: “El presidente mandó un presupuesto con 4,9 billones”, dijo, y explicó que el costo de funcionamiento calculado por los rectores asciende a 7,3 billones. En la previa, el bloque de Unión por la Patria recibió a las integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional. De Pedro remarcó que el dinero que el gobierno dejará de recaudar por las exenciones impositivas otorgadas a siete cerealeras —unos 1.500 millones de dólares— equivale “a la misma cifra que le hubiera dado tranquilidad a más de dos millones de argentinos que estudian, se quieren formar y no están en el narco, como algunos candidatos”.
En la misma línea, Lousteau cuestionó la escala moral del oficialismo, cuyo latiguillo es el “no hay plata”. “Los 1.700 millones de dólares que se gastó el gobierno en tres días para tratar de conseguir dólares de las cerealeras pagan 12 años del presupuesto del Garrahan. En tres días se gastaron 12 años del presupuesto del Garrahan. Pero no hay plata”, ironizó. Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO, coincidió: “El ‘no hay plata’ era una excusa, no era prioridad. Estamos viendo que era una cuestión de prioridades, porque la plata apareció. No para los jubilados ni para las familias de personas con discapacidad. Apareció por el resultado de una elección, la elección de la provincia de Buenos Aires y la preocupación por la elección nacional”.
La defensa oficialista fue magra. Apenas dos voces se alzaron: Ezequiel Atauche y la cordobesa Álvarez Rivero. “No queremos que las universidades sean usinas de financiamiento político”, se limitó a decir el jujeño, mientras acusaba al kirchnerismo de “usar a los niños con fines políticos” para cuestionar la Ley de Emergencia en Pediatría.



Sobre el final de la sesión, el Senado dio luz verde a una iniciativa del salteño Juan Carlos Romero que crea un marco legal para la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas. El proyecto, aprobado con 61 votos afirmativos, prevé la puesta en marcha de un registro nacional y un sistema de alerta rápida, con el fin de centralizar protocolos y mejorar la coordinación entre organismos públicos y privados bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Una cuestión de soberaníaEl inicio del debate estuvo atravesado por las cuestiones de privilegio vinculadas al decreto de Milei que autorizó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile para participar en ejercicios militares. La medida fue denunciada como un nuevo avasallamiento al Congreso, que es el órgano con facultad exclusiva para autorizar —o rechazar— el ingreso de tropas extranjeras. La senadora fueguina María Eugenia Duré, de Unidad Ciudadana, planteó la “inconstitucionalidad” del decreto y reclamó su anulación, posición que fue acompañada por el radical Pablo Blanco.
En paralelo, José Mayans impulsó el rechazo a la privatización de Nucleoeléctrica, la empresa estatal estratégica que opera las tres centrales nucleares del país y aporta el 7% de la energía eléctrica al sistema nacional. “El programa nuclear argentino está paralizado con Milei, y condena al hambre y la miseria a los científicos en el país. Es verdaderamente vergonzoso”, denunció. Y agregó: “Se están robando el 49 por ciento del sistema nuclear argentino el Presidente, su hermana y su banda, y lo están haciendo para toda la vida”. La moción para declarar “no enajenable el desarrollo nuclear argentino” no reunió los dos tercios necesarios, pero Unión por la Patria volverá a llevar el tema a la próxima sesión.