La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina para que se suspenda la sentencia que ordena al país transferir el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford. Los litigantes reclaman un monto de $16.000 millones de dólares. De todas maneras, la aplicación del fallo implicaría la sanción de una nueva ley en el Congreso de la Nación.
El Estado argentino había apelado el fallo la semana pasada y la magistrada de la Corte de Distrito Sur de Nueva York había convocado a las partes enfrentadas en el litigo a una audiencia de emergencia. La resolución de este lunes rechaza la suspensión de la medida y habilita a que continúen las acciones dispuestas por el juzgado.
A pesar del fallo desfavorable, Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones. Incluso, podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para reclamar una revisión de la sentencia.

La defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump. La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
El Gobierno nacional había anticipado que no podría entregar las acciones de la petrolera aunque quisiera, porque una operación de esa magnitud debe pasar obligatoriamente por el Congreso, de acuerdo a lo que indican las leyes argentinas.