Una joven oriunda de Mendoza fue rescatada en Perú tras haber sido captada por una red de trata de personas. La víctima fue encontrada en una vivienda de Lima, gracias a un operativo conjunto entre autoridades argentinas y peruanas. La Policía detuvo a un hombre de nacionalidad venezolana, presunto responsable del delito.

La investigación internacional se activó a partir de un oficio judicial emitido por la Unidad Fiscal de Mendoza, que fue recibido por los gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de esa provincia. En el documento, se solicitó la intervención urgente del Equipo Anti Trata de Personas para coordinar acciones con las autoridades del país vecino.
La alerta se encendió a comienzos de mes, cuando la madre de la joven denunció la situación y aportó datos clave que sirvieron de punto de partida para el rastreo. Uno de los elementos más relevantes fue una videollamada entre madre e hija que se interrumpió de forma abrupta, lo que encendió las alarmas de los investigadores.
Gracias a la colaboración de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, se logró agilizar el intercambio de información entre ambos países. Este trabajo conjunto permitió rastrear dispositivos celulares que se encontraban en la ciudad de Lima, y así delimitar la zona en la que se encontraba la joven.
Fuentes oficiales detallaron que la víctima habría sido contactada previamente por el sospechoso a través de redes sociales. El hombre, de nacionalidad venezolana, utilizaba distintos portales web como método de captación de jóvenes con fines de explotación. Según los investigadores, la mendocina fue engañada y convencida de trasladarse a Perú bajo una falsa propuesta.
Una vez que se confirmó la ubicación de la vivienda, se desplegó el operativo que culminó con el rescate de la joven y la detención. La víctima fue puesta a resguardo y recibió contención por parte de las autoridades peruanas y organismos especializados.
La causa seguirá su curso en Perú, bajo la supervisión de la justicia local, tal como establece el artículo 27 del Protocolo de Palermo, que regula la cooperación internacional en delitos de trata de personas.