La jueza de Nueva York, Loretta Preska, decidirá el próximo lunes si acepta o no la apelación del Gobierno argentino al fallo que obliga al país a transferirle el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management para cumplir con la sentencia del juicio en su contra por 16.000 millones de dólares.
Preska convocó a las partes a una audiencia urgente en la sala 12A del tribunal federal del distrito sur de Nueva York, a pedido de los demandantes del caso YPF, quienes buscan obtener información sobre otras estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con el objetivo de avanzar en embargos.


Preska resolvió el 30 de junio que las mencionadas firmas tienen derecho a las acciones de YPF que el Estado argentino le quitó al Grupo Petersen en el juicio por la expropiación que se realizó en 2012.

En su fallo, la jueza consideró que los demás accionistas de YPF no tuvieron rol en el mal manejo de la estatización del 51% en 2012 e hizo foco en presuntas irregularidades por parte del Poder Ejecutivo - en ese entonces, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner - y del Legislativo, que aprobó la operación.
El 9 de julio, el Gobierno argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza mediante un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York. En la presentación, Argentina adelantó que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo, la apelación se presentó sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay” realizado días atrás por el equipo legal de Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso.
La presentación del Gobierno advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”, sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Según el Gobierno, el traspaso a Burford significaría que ese fondo tome el control de la empresa, lo que supondría un riesgo estratégico para la gestión energética y para los derechos de los accionistas minoritarios.