POLITICA: Fallar en contra de los trabajadores tiene su rápida recompensa

25/04/2026 | 4 visitas

Horas después de voltear la cautelar, Pesino consiguió el aval del Gobierno para quedarse en la Cámara del Trabajo más allá de los 75 años. Desde el peronismo describieron lo sucedido como “un intercambio obsceno”.

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Favor con favor se paga. Víctor Arturo Pesino fue uno de los jueces que volvió a poner en vigencia la reforma laboral con la que Javier Milei pretende seguir haciendo añicos los derechos de los trabajadores. A las pocas horas de que se firmara el fallo, el Gobierno activó un trámite para que Pesino continúe en la Cámara Nacional del Trabajo (CNT) aun después de cumplir los 75 años.
Pesino festejará sus 75 años el próximo 27 de julio. Hacía tiempo que había hecho saber en el fuero que pretendía seguir prestando funciones. Sin embargo, su aspiración tiene un escollo: la Constitución. En su artículo 99, inciso 4, establece que los jueces se mantienen en el cargo hasta los 75 años. Para permanecer por cinco años más necesitan ser propuestos por el Poder Ejecutivo y obtener el aval del Senado.

Pesino hizo buenos méritos para conseguir el favor del Gobierno. El jueves firmó, junto con su colega María Dora González, un fallo que suspendía la cautelar que había dictado el juez Raúl Ojeda para frenar más de 80 artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral.
Pesino y González no revocaron la cautelar ni siquiera la analizaron. Por el contrario, encontraron una solución exprés: suspenderla. Las medidas cautelares son decisiones provisorias que mantienen su vigencia hasta tanto se resuelva el fondo de una controversia.
El fallo generó un amplio repudio. La Confederación General del Trabajo (CGT) consideró que la Sala VIII había “optado claramente en contra del trabajador”. La central obrera también remarcó que González y Pesino se apartaron de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como un sujeto vulnerable de tutela preferente. En esa línea, la CGT advirtió —no sin ironía— que los prestos camaristas podrían estar incumpliendo la propia reforma que reactivaron, ya que el artículo 89 de la Ley 27.802 establece que los jueces inferiores no pueden apartarse de la doctrina del máximo tribunal sin exponerse a sanciones.
Las críticas de la CGT fueron música para los oídos de Javier Milei, que celebró en redes la decisión de Pesino y González. A las pocas horas llegó la retribución. Este viernes, el Ministerio de Justicia publicó en el Boletín Oficial que había iniciado el trámite para que Pesino se quede por cinco años más. Deberá, de todas formas, pasar por el Senado y conseguir los votos, pero no es una misión imposible.
La decisión de promover la permanencia de un camarista del Trabajo sorprende porque el Gobierno impulsa que el fuero pase a la órbita de la Ciudad. La reforma laboral contempla un convenio por el cual el Ejecutivo se comprometía a no nombrar más jueces nacionales ni a cubrir las vacantes que se produjeran. Parece que Pesino es la excepción a la regla.
“Pesino tiene oficio, pero también mala fama”, dicen en la CNT. Tiene más de 50 años de experiencia en el fuero. Entró en la justicia del trabajo en 1971 como meritorio, cuando recién comenzaba la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en 1979. En febrero de 1989 asumió como juez y, en 2011, ascendió a camarista.
En 2017, Pesino también firmó un fallo a gusto del gobierno de turno. Junto con Luis Catardo, revocó la cautelar que había dictado la jueza Dora Temis para que se convocara a la paritaria nacional docente. La administración de Mauricio Macri había atacado a la magistrada, a quien le atribuía tener “antecedentes kirchneristas”. En ese momento, quien estaba próximo a cumplir los 75 años era Catardo, que consiguió ser propuesto por el Gobierno para continuar en el cargo y obtuvo el aval del Senado.
El premio para Pesino cayó mal en los tribunales. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, distribuyó carteles con las fotos de Pesino y González en los que se leía que “juraron por la Constitución y la traicionaron. La patria y los trabajadores se lo demandan”. Otro de los materiales apuntaba directamente a la retribución que había recibido Pesino por su fallo para reponer la reforma laboral: “Ojalá a los jubilados/as les pagaran así de rápido”.
El senador peronista Mariano Recalde describió la situación como “un intercambio obsceno a la vista de todos” y dijo que “la casta (está) protegida y los trabajadores con menos derechos”.
El diputado Rodolfo Tailhade no incurrió en eufemismos. “Pregunté en la Cámara del Trabajo sobre estos dos camaristas —escribió en X—. Me dijeron que son dos mercenarios, conocidos en el fuero como Bonnie & Clyde”. Bonnie Parker y Clyde Barrow fueron una famosa pareja de prófugos estadounidenses que robaba bancos y comercios durante los años de la Gran Depresión.
“Es muy llamativo que, más allá del pedido de ampliación de su designación formulado con anterioridad, haya salido justo 24 horas después de una decisión contraria a la ley de cautelares, incluso otorgando efecto suspensivo a la apelación. Entre quienes ejercemos el derecho laboral es sabido que la Sala VIII es una sala cuyos criterios no son de los más protectorios o garantistas”, explicó la abogada Natalia Salvo.
Desde redes sociales, la diputada Myriam Bregman llamó a considerar el caso de Pesino como una forma de toma y daca con la que el Gobierno construye poder. “Otra sospecha de corrupción descarada para conseguir y sostener las leyes de Milei y el poder económico”, arrancó. Y continuó preguntándose si algún fiscal no pensaba investigar los casos del exsenador Edgardo Kueider —detenido con más de 200 mil dólares sin declarar en Paraguay después de haber votado la Ley Bases—, la exsenadora Lucila Crexell —premiada con la embajada de Canadá tras apoyar la Ley Bases— y el de Pesino, el juez que podrá extender su estadía en la CNT.
Durante los próximos cinco días hábiles se podrán presentar impugnaciones ante el Ministerio de Justicia contra Pesino. Después, el Poder Ejecutivo deberá enviar su pliego al Senado, que convocará al juez a defender su permanencia. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, el 16 de abril pasado con Carlos Mahiques. El padre del ministro de Justicia aspira a seguir en la Cámara Federal de Casación más allá de los 75 años.
En el mismo aviso en el que se notificó el inicio del trámite para garantizar la permanencia de Pesino apareció también el nombre de Leopoldo Jorge Rago Gallo, juez federal de San Juan.
Ese mismo viernes, el Gobierno envió una lista de 26 pliegos al Senado. En la nómina figuraba la propuesta de un nuevo nombramiento para Matilde Ballerini, una de las juezas que favoreció en la Cámara Comercial a Mauricio Macri en la causa del Correo.
Hay, por el contrario, otros jueces ligados al fundador del PRO que mastican bronca. Tal es el caso de Martín Irurzun, histórico integrante de la Cámara Federal porteña, que cumplirá 75 años en julio. Su apellido quedó asociado a la doctrina que, durante el gobierno de Cambiemos, habilitó las detenciones “preventivas” de exfuncionarios kirchneristas, a quienes se acusaba de contar con poder residual. En el Ministerio de Justicia aseguran que, por ahora, no hay una decisión tomada sobre su continuidad.
El caso Pesino ya demostró que quienes se alinean obtienen lo que buscan.

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