Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevan adelante este viernes un "paro a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza.


La medida comenzó a las 6 de la mañana en reclamo por 10 meses de congelamiento salarial, la falta de paritarias sectoriales y el desfinanciamiento de áreas operativas.

Lejos de un cese total de actividades, la modalidad elegida implica que los empleados permanecen en sus puestos de trabajo aplicando de manera exhaustiva y estricta cada reglamento y protocolo vigente. Si bien desde el sindicato descartaron cancelaciones de vuelos, Mariela López Brown contó en C5N que la verificación minuciosa de documentación y procedimientos en tierra puede generar demoras en la operatoria aeroportuaria.

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Beleli, explicó que la iniciativa busca visibilizar el conflicto sin comprometer la seguridad aérea. “No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional”, señaló en declaraciones a NA.
Por el momento no se registran demoras en los vuelos, aunque no se descarta que ocurran debido al exhaustivo control de documentación.Por el momento no se registran demoras en los vuelos, aunque no se descarta que ocurran debido al exhaustivo control de documentación.
El conflicto se produce en un contexto de récord en el movimiento aerocomercial de pasajeros. Según denunciaron los representantes sindicales, el personal lleva tres años sin una negociación paritaria específica y acumula más de diez meses con una porción de sus haberes congelada.
Desde ATE sostuvieron que la ANAC cuenta con una recaudación propia superior a los $220.000 millones, por lo que exigieron que esos fondos sean destinados a garantizar el funcionamiento operativo de la autoridad aeronáutica y a recomponer los ingresos de la plantilla. “Sin trabajadores jerarquizados y con salarios dignos, no hay seguridad operacional posible”, concluyó Cabezas, cuestionando los argumentos de restricción presupuestaria frente al nivel de ingresos del organismo.