La crisis laboral en Entre Ríos alcanzó dimensiones alarmantes. Según admitió el secretario de Trabajo provincial, Mariano Camoirano, en los últimos seis meses se produjeron “entre 1000 y 2000” despidos en la provincia, de acuerdo con los registros a los que accede la cartera laboral. El funcionario reconoció que, si bien las empresas están obligadas a informar las altas y bajas, muchas no lo hacen, y descartó la posibilidad de aplicar sanciones por ese incumplimiento. Para intentar paliar la falta de datos precisos, anticipó que a partir de la integración de información procesada por ARCA la provincia accederá a “mayores y más rápidos detalles” sobre la evolución del empleo registrado.
El impacto de la crisis ya había sido advertido por el propio Observatorio Laboral de Entre Ríos. El último informe disponible, elaborado en abril de este año con datos de septiembre de 2025 a febrero de 2026, reveló que a febrero había 134.886 empleados registrados en el sector privado, lo que representó una caída de 3.110 puestos entre diciembre y febrero, y una baja interanual de 1.204. En septiembre de 2025, la provincia contaba con 136.000 asalariados privados, una cifra que se redujo drásticamente en apenas cinco meses, consolidando una tendencia negativa que los registros oficiales posteriores no hicieron más que profundizar.

Uno de los focos más críticos es la situación de los ex trabajadores de la planta “La China” de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, que cerró sus puertas en mayo pasado y afectó inicialmente a cerca de 1.000 trabajadores. Camoirano recordó que desde el Gobierno provincial se intentó “paliar la situación” de la empresa, pero “no hubo ningún tipo de evolución”. El funcionario describió el pesimismo que rodea a los exempleados: “Ellos mismos, cuando hablan conmigo, me plantean que ven difícil a esta altura que aparezca algún interesado en comprar la empresa cuando podría encararse desde una compra por quiebra. Están bastante desanimados por esa situación”. Para contener la emergencia, la provincia se comprometió a otorgar “un segundo subsidio económico que debería salir la semana que viene”, además de la entrega recurrente de módulos alimentarios cada tres semanas o un mes aproximadamente.
A la crisis de Tres Arroyos se suman otros dos frentes que mantienen en vilo al entramado productivo entrerriano: los reclamos docentes y la preocupante coyuntura de los trabajadores citrícolas, que atraviesan una de sus peores temporadas. Camoirano sostuvo que en la Secretaría de Trabajo no suelen verse conflictos de semejante tamaño y con esas características, aunque aseguró que la actividad es “incesante”. “Toda la Delegación Paraná tiene muy buena proyección entre los colegas abogados, y hay muchas desvinculaciones o acuerdos y audiencias. Eso es cierto. Lo vamos llevando en el día a día”, admitió el funcionario, en un contexto donde la cantidad de comercios cerrados en la peatonal San Martín de Paraná se volvió un paisaje habitual.

Mientras los registros oficiales muestran una sangría de puestos que el propio gobierno provincial reconoce, las respuestas se limitan a subsidios y módulos alimentarios que no resuelven la falta de trabajo genuino. La situación de Tres Arroyos, con un millar de familias a la espera de una solución que no llega, es el rostro más visible de una crisis que se extiende a la docencia, al citrus y al comercio, y que amenaza con profundizarse en los próximos meses si no se revierte la caída de la actividad.