Un dictamen del fiscal Franco Picardi volvió a cuestionar a la defensa de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que ahora intenta conseguir la nulidad de la declaración de Nadia Beller, quien al dar su testimonio desde Bolivia dijo que “la corrupción del gobierno de (Javier) Milei estaba canalizada por su hermana”. La fiscalía pidió que el juzgado de Ariel Lijo rechace la pretensión del exfuncionario y advirtió que este tipo de planteo es una “estrategia de desgaste” que “perjudica el desarrollo del caso y entorpece el actuar del sistema de administración de justicia”.
Spagnuolo lleva varios intentos por complicar la investigación, pero lo cierto es que ya fue procesado dos veces por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa donde investiga direccionamientos, coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia para personas sin cobertura médica. La semana pasada, el juez Ariel Lijo sostuvo que están probados “diferencia de precios” “en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24”. En la resolución confirmó también el pago de coimas y maniobras de lavado de activos.
La inquietante testigoBeller es la expareja de Fernando Cerimedo que fue víctima de un intento de femicidio por el que él terminó detenido en Bolivia, donde trabajaba con el gobierno de Rodrigo Paz. Después del ataque, en una serie de entrevistas con medios argentinos, relató algunas conversaciones que había tenido con el consultor que supo asesor a la administración libertaria, fundar la Derecha Diario y cuya exesposa y socia, Natalia Basil, había sido directora de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, con la gestión de Spagnuolo.
Entre otras cosas Beller habló públicamente de las famosas grabaciones en las que se escucha al extitular de Discapacidad describir un sistema de retornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y afirmar que un 3% de lo facturado era para Karina Milei, y otro tanto para Eduardo “Lule” Menem. Relató que según Cerimedo, Basil había sido quien las filtró a los medios, en aparente desacuerdo con lo que sucedía en el organismo de Discapacidad. También había contado que el consultor le daba un papel clave a la hermana del Presidente.
La mujer había expresado que estaba dispuesta a declarar como testigo y contar las conversaciones con Cerimedo que –explicó—había grabado en su celular, ahora incautado en Bolivia en otras causas. Picardi solicitó, por eso, su declaración en la causa. Enseguida las defensas de Spagnuolo y la del lobista Miguel Angel Calvete pidieron participar.
En un comienzo la fiscal Superior Anticorrupción del Estado Plurinacional de Bolivia, Marcela Eliana Terceros Montealegre, le informó a su colega argentino que Beller contaba con medidas de protección por el intento de femicidio y aclaró que de acuerdo con las normas de su país “no se requiere que las partes del proceso participen de la recepción de la entrevista informativa en calidad de testigo”. Picardi le dijo que las leyes argentinas habilitan la participación de las partes. Propuso que presenciaran la audiencia en una dependencia la Procuración General de la Nación. Pero la fiscalía boliviana finalmente rechazó la participación de las defensas en parte “por las cualidades del caso que se investiga allí”.
La declaración testimonial se concretó en esos términos y no trajo grandes sorpresas que se conozcan. Beller hizo descripciones generales sobre corrupción y las filtraciones de las grabaciones según lo que había hablado con Cerimedo. Por el momento, sus dichos no tuvieron gran impacto en la investigación, aunque volvieron a poner el foco en que todavía hay un tramo de la causa donde se podría dilucidar si están involucrados miembros de la Casa Rosada en los pagos ilegales y las maniobras.
Como sea, Spagnuolo vio una nueva oportunidad para embarrar la cancha. Como ya lo hizo varias veces al intentar que se anulen las grabaciones que pusieron toda esta historia a la vista en los medios, aunque ni el fiscal ni los jueces intervinientes usaron los audios como prueba. El pataleo del exdirector de la ANDIS llevó a que ahora se esté llevando adelante un peritaje de voz sobre el material, a cargo de Gendarmería. La fuerza, que depende de Alejandra Monteoliva, viene dejando entrever que no puede hacer el testeo de la voz con las grabaciones disponibles, que fueron entregadas por el periodista Mauro Federico, y se cotejan con entrevistas y exposiciones públicas. Si este fracasa, intervendría la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico de la Procuración.
Qué dijo el fiscalPicardi le pidió a Lijo que rechace el nuevo pedido de nulidad. Sostuvo que la declaración de Beller “no constituye un acto definitivo e irreproducible, ni encuadra en el supuesto de las declaraciones de los testigos que por su enfermedad u otro impedimento sea presumible que no podrán concurrir al debate”. Explicó que fue reservada por el pedido de protección de sus pares de Bolivia por tratarse de una víctima de femicidio, no porque no pueda volver a declarar si es necesario. Además, hay una filmación que está disponible para las partes.
Picardi recordó que tampoco fue una decisión suya que no participaran las defensas y que, al contrario, hizo todo lo posible porque eso sucediera. “Fueron las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia -con potestad de decisión sobre la medida- quienes no autorizaron la presencia de las partes imputadas en el caso: circunstancia que la propia defensa reconoce”, señaló
Spagnuolo no explicó en qué lo afecta a punto de pedir la nulidad. Pero, además, dice la fiscalía, su planteo es “prematuro” porque nada se dijo hasta ahora sobre el valor probatorio “de un elemento que no ha sido valorado, ni utilizado por esta sede fiscal, hasta el momento”.
“En definitiva, se trata de una nueva manifestación de la nulidad por la nulidad misma: un remedio excepcional, restrictivo y residual que se pretende activar sin vicio, sin gravamen y sin transitar los carriles que el propio ordenamiento prevé para el control de la prueba”, concluyó el fiscal. “Una estrategia de desgaste –agregó-- a la que ya hemos hecho referencia en planteos de nulidades previos también improcedentes”.