Javier Milei activa el camino a su intento de reelección transitando la ruta del dinero. A contramano de la campaña 2023, donde casi ni salió del AMBA, el presidente se dispone a visitar provincias con proyectos aprobados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI, y mostrar cada obra como la prueba de que el modelo funciona. La estética, clásica, será la de la inauguración permanente. El costo será asumido por las víctimas de la motosierra fiscal: jubilados, docentes, trabajadores y prestadores de salud, entre los más golpeados.
El RIGI no es un favor gratuito. El régimen fija el impuesto a las Ganancias en 25 por ciento en lugar de 35, elimina los derechos de exportación a partir del tercer año, libera de aranceles a los bienes de capital y recorta la alícuota sobre los dividendos de los inversores no residentes. Cada una de esas ventajas es un ingreso que el Estado deja de percibir. ¿Cuántos recursos se queman en el altar de supuestas inversiones nuevas que, en la mayoría de los casos, no justifican la promoción? La respuesta a ese interrogante no es menor: permite establecer cuánto tiene el programa de incentivo, y cuánto de estafa.


El itinerario de la campaña oficialista incluye Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, y se extenderá hasta fin de año. Reactivo a salir del cuartel de Olivos, Milei faltó a la primera cita, prevista para ayer lunes en Salta, donde se esperaba su visita a la planta II del proyecto Sal de Oro, en la Puna. En su lugar fue su hermana Karina, agasajada como Jefa de Estado por los gobernadores colaboracionistas Gustavo Sáenz y Raúl Jalil. En el evento también estuvo el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado de diseñar el recorrido y, él también, de campaña como candidato firme a disputar la gobernación de Buenos Aires.
La Gira RIGI pretende mostrar números grandes. La recorrida se apoya en 23 proyectos aprobados por 49.766 millones de dólares, repartidos así: 12 de minería, 7 de petróleo y gas, 2 de energía eléctrica, uno de siderurgia y uno de infraestructura.
La escala mendocina exhibe los pliegues del plan. El proyecto previsto para esa parada es el parque solar El Quemado, en Las Heras, de YPF Luz, por 211 millones de dólares. Según consignó el centro CEPA, ese parque se anunció en noviembre de 2023, antes de que el régimen existiera.


Otro ejemplo. En el marco de la Argentina Week la compañía francesa Eramet anunció que buscará el ingreso al RIGI para la ampliación de su operación de litio Centenario-Ratones, en Salta, un proyecto que ya había sido anunciado meses atrás. Se mencionó un desembolso estimado en 350 millones de dólares para elevar la capacidad de producción de 24.000 a 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. El anuncio incluyó otro componente exótico: la inversión todavía debe recibir la aprobación definitiva de la empresa, con una decisión prevista hacia fines de 2027.
El CEPA midió el costo de los 12 proyectos aprobados hasta el 11 de mayo, que suman 26.680 millones de dólares de inversión comprometida. Con la metodología estándar de gastos tributarios, estimó un costo anual de 1.813 millones de dólares en régimen de plena operación, entre 2030 y 2033, con un rango que va de 1.307 a 2.362 millones. Durante la construcción, entre 2025 y 2028, el monto ronda los 430 millones por año. El rubro más pesado son las retenciones a las exportaciones que el Estado resigna, con 851 millones, seguido por el diferencial de Ganancias, con 545 millones.
El Gobierno rechaza esa lectura. Sostiene que no hay afectación del equilibrio fiscal, porque esos proyectos no existirían sin el régimen. El argumento se desvanece al primer contacto con los hechos. Al menos 7 de los 12 proyectos aprobados hasta mayo habían sido anunciados antes del régimen. Galan Lithium anunció su proyecto de litio en Hombre Muerto Oeste en diciembre de 2023. El oleoducto VMOS, en octubre de ese año. Rincón de Litio, de Río Tinto, estaba en carpeta antes del régimen. Southern Energy, a su vez, reemplazó a un proyecto previo de YPF y Petronas. La conclusión del informe es que el régimen no genera necesariamente inversiones nuevas y otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a emprendimientos que probablemente se habrían desarrollado de todos modos.
Un informe de la consultora Ecogo aporta otro dato demoledor. Si cerca de uno de cada tres dólares invertidos no se hubiera materializado sin el RIGI, la recaudación que esa inversión adicional genera alcanza para compensar los impuestos resignados. El umbral exacto es 32,7 por ciento de adicionalidad. Si toda la inversión fuera adicional, los 23 proyectos generarían 17.499 millones de recaudación a valor presente frente a 8.493 millones resignados. Ese es el piso que el Gobierno necesita demostrar, y es el punto donde la lista de proyectos anunciados antes del régimen pesa en su contra.

La lógica conspira contra el relato oficial. La inversión de un proyecto minero o petrolero responde a tres variables: que el recurso exista, que alguien lo demande y que el país permita sacarlo. Las dos primeras ya estaban dadas. Con demanda internacional en ascenso para el cobre, el litio y el gas, el capital iba a buscar esos yacimientos con RIGI o sin él. Lo que el régimen modificó es la parte del negocio que queda en manos de la empresa. El propio memo de Ecogo calcula que, sin el régimen, esos 23 proyectos rinden una tasa interna de retorno de 10,6 por ciento, por encima de la tasa de descuento de 9,82 por ciento que usa en el ejercicio. Los 8.493 millones de beneficio, en buena medida, no atraen capital. Elevan su ganancia.
El informe de Ecogo, con datos al 1 de octubre, actualiza el cálculo para 23 proyectos publicados en el Boletín Oficial. Suman 39.429 millones de dólares de inversión anunciada y 33.837 millones de capital computable. El beneficio del régimen asciende a 8.493 millones en valor presente, equivalente a 25 por ciento de la inversión computable, y eleva la tasa interna de retorno de los proyectos de 10,6 a 13,4 por ciento. Si se proyecta al universo de 39 proyectos identificados, el beneficio fiscal llega a 24.175 millones.
La discusión sobre el costo tiene un segundo plano: quién lo soporta. Según Ecogo, la Nación resigna 6.231 millones de los 8.493 millones de beneficio, es decir 73 por ciento. El resto, algo más de una cuarta parte, recae sobre las provincias, a través de los recursos coparticipables.
La contracara es desigual. Las provincias que alojan proyectos conservan regalías e impuestos propios, y para ellas la recaudación que genera la inversión equivale a 4,6 veces lo que resignan. Para que el régimen les cierre bastaría con que 17,7 por ciento de la inversión fuera adicional. Las provincias sin proyectos necesitan un umbral de 32,1 por ciento, y la Nación, uno de 38,5. El propio memo habla de una asimetría entre quienes financian el incentivo y quienes capturan sus beneficios directos.
El mapa de las inversiones presentadas explica la relevancia de esa asimetría. Según el relevamiento presentado en junio por Francisco Cuello Rosso, Guido D’Angelo y Emilce Terré a la Bolsa de Rosario, Neuquén concentra cerca de 62.400 millones de dólares, 47 por ciento del total, seguida por San Juan con 25.000 millones y Río Negro con 19.588 millones. Entre las tres suman anuncios por unos 107.000 millones y superan 80 por ciento de lo presentado. Un distrito sin cobre, sin litio y sin Vaca Muerta financia con su coparticipación un incentivo cuyos frutos se levantan a mil kilómetros.
Un régimen hecho de recursos naturalesLa composición de la cartera dice mucho sobre la naturaleza del beneficio. Según el relevamiento de junio, energía y minería explican más de 99 por ciento del monto presentado. La energía concentra cerca de 64 por ciento, con más de 85.000 millones de dólares, de los cuales 19.103 millones ya tienen aprobación.

El detalle profundiza el panorama. En minería, el cobre reúne unos 31.500 millones entre El Pachón, Vicuña, Agua Rica, Los Azules y San Jorge, y la mayor parte sigue en evaluación. El gas natural licuado aparece con 15.156 millones aprobados, todos en el proyecto de licuefacción de Southern Energy.

Es una cartera de recursos que están donde están. El cobre está en la cordillera, el litio en la Puna, el gas y el petróleo en la cuenca neuquina. Ningún inversor puede llevarse Vaca Muerta a otro país ni extraer litio en un terreno donde no lo hay. Cuando la geología fija el lugar y la demanda mundial empuja el precio, el incentivo fiscal deja de ser una atracción para convertirse en un caro obsequio.