A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, la Cámara Nacional Electoral le pidió al Congreso de la Nación que analice con suficiente anticipación las eventuales modificaciones a las normas que regulan los comicios. El objetivo, según plantearon los jueces, es que exista previsibilidad al momento de organizar el proceso electoral.
El planteo quedó plasmado en una acordada extraordinaria firmada por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, quienes enviaron el documento al Congreso y al Poder Ejecutivo.
El tribunal sostuvo que “alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede producir más daños que beneficios”. En ese sentido, consideró que el momento adecuado para introducir modificaciones debería ubicarse entre seis y tres meses antes de la elección, mientras que los aspectos centrales de la legislación electoral no deberían modificarse durante el año previo.
El reclamo aparece en medio de los distintos proyectos que se discuten en el Congreso para modificar aspectos del sistema electoral. Entre ellos se encuentra una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que propone derogar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y cambiar el esquema de financiamiento de los partidos políticos.
La Justicia Electoral tiene a su cargo, junto con distintos organismos del Poder Ejecutivo, la organización y realización de las elecciones nacionales. A través de los juzgados electorales de cada provincia y de la Cámara, interviene en la aprobación de los padrones, las alianzas partidarias, las boletas y las candidaturas. También lleva adelante el escrutinio definitivo que determina y proclama a los candidatos electos.
Por eso, desde el tribunal remarcaron que cualquier modificación del sistema vigente requiere un período de preparación para poder aplicarla correctamente. Ese es el eje del mensaje dirigido al Congreso, en un momento en el que todavía se discuten diferentes cambios de cara a 2027.
En la acordada extraordinaria 55, los magistrados señalaron que el criterio planteado coincide con estándares internacionales vinculados con la integridad electoral. Según expresaron, la estabilidad del marco legal y el cierre anticipado de las instancias de reforma funcionan como garantías para la certeza, la igualdad de condiciones entre los competidores y la confianza tanto en la Justicia como en la administración electoral.
En esa línea, los jueces indicaron que “el plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso, para otorgar un tiempo razonable y suficiente”. También remarcaron que los elementos centrales del derecho electoral “no deberían ser modificables menos de un año antes de una elección”.
Como antecedente, la Cámara recordó lo ocurrido con la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas de 2025. En aquella oportunidad, las internas quedaron en manos de cada partido, aunque finalmente, entre las 626 alianzas que participaron de esos comicios, solamente una realizó elecciones internas.
El planteo judicial llega mientras el Gobierno de Milei impulsa una serie de modificaciones pensando en las elecciones de 2027. La eliminación de las PASO aparece como uno de los principales cambios buscados, aunque la propuesta todavía genera diferencias con la oposición, que pretende mantener las internas como mecanismo para definir las candidaturas.
Dentro de esa discusión también aparece una alternativa intermedia que contempla mantener las internas, pero quitarles el carácter obligatorio. El debate forma parte de las reformas que todavía deben atravesar el Congreso.
Otro de los puntos que ya está definido para las elecciones presidenciales es el uso de la boleta única de papel, mecanismo que fue implementado durante 2025. Sin embargo, este sistema deberá convivir con la tradicional boleta de papel utilizada en los comicios provinciales.
Esa diferencia abre además otro interrogante de cara al calendario electoral. Los gobernadores podrían decidir desdoblar sus elecciones y separarlas de los comicios nacionales, lo que generaría una convivencia entre distintos mecanismos de votación dentro del mismo período electoral.
La Cámara también recordó que una elección se desarrolla a partir de un cronograma compuesto por “plazos perentorios e improrrogables”, por lo que cualquier cambio en las reglas requiere tiempo de adaptación y organización.
Los lineamientos planteados por los magistrados, además, no surgieron únicamente de la acordada. El tribunal recordó que fueron parte de las conclusiones alcanzadas durante un seminario realizado en marzo pasado en la Cámara Nacional Electoral, junto con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), del que participaron jueces, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales.
Por último, la Cámara Nacional Electoral aclaró que su planteo no implica una opinión sobre el contenido de las reformas electorales que actualmente se encuentran en análisis en el Congreso, sino una advertencia sobre los tiempos necesarios para modificar y poner en funcionamiento nuevas reglas de cara a una elección.