El incumplimiento del fallo de la Corte que obliga al Gobierno a cumplir con puntos clave de la ley de financiamiento universitario fue eje central de la discusión el jueves y viernes pasado en la cumbre del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Bariloche. Los rectores apuntan a convocar a una nueva marcha federal para octubre.
“Hubo una votación y se autorizó a presidencia y vice a coordinar con las representaciones docentes, no docentes y estudiantes una nueva marcha federal para octubre”, confirmaron desde el CIN, órgano que organizó las masivas protestas contra el ajuste de Javier Milei.

La fecha tentativa es el lunes 5 de octubre con punto de concentración a definir. “La necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional, llamamos a construir una V Marcha Federal Universitaria, a realizarse la primera semana de octubre”, ratificaron desde el frente sindical. 



Este mes, sin embargo, estará atravesado por dos negociaciones: por un lado, la paritaria con los profesores que sigue abierta y, por el otro, la presentación del presupuesto 2027. De esta manera el Gobierno tiene abiertas dos instancias para apaciguar cualquier reclamo futuro.
Tras el fracaso de la primera reunión para negociar el incremento salarial, los trabajadores convocaron a un plan de lucha que incluye un paro nacional en las universidades para este martes 8 de septiembre, clases públicas la próxima semana y un acto en Palacio Pizzurno la siguiente. 
“Si sale mal la paritaria habrá chances de una medida para que la población salga nuevamente”, reconocen en un gremio docente. De todas formas, ningún sector cree que la administración libertaria cumpla con la ley. “Estamos en una instancia de negociación porque hay una paritaria abierta. Queremos que las medidas vayan escalando”, analiza un representante de los docentes.
En la cumbre del CIN los rectores aprobaron el proyecto de presupuesto 2027 en el que estimaron el costo anual de las universidades en 11 billones de pesos. La ley de financiamiento universitario fue sancionada el año pasado por el Congreso de la Nación, luego vetada por el Presidente y finalmente ambas cámaras rechazaron la decisión. La ley debía ser promulgada y ejecutada, pero el Poder Ejecutivo impidió materialmente su aplicación mediante un decreto. Las universidades fueron a la justicia y la Corte rechazó el recurso extraordinario del Estado. Gremios y universidades calculan una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo de los salarios y un ajuste real del presupuesto destinado a funcionamiento del orden del 50%. 
La defensa de la universidad pública fue de las causas que consiguió movilizaciones masivas en contra del Gobierno. Desde el CIN se apuesta a esos antecedentes para volver a insistir e incidir en la discusión del presupuesto 2027 que ya estará en manos del Congreso.