Los fiscales federales Patricio Nicolás Sabadini y Ruth Hilgenberg, de la Unidad Fiscal Resistencia, presentaron una acusación formal contra ocho integrantes de la Policía del Chaco y solicitaron la apertura de un juicio oral por el presunto robo de cocaína que debía ser incinerada durante un procedimiento oficial en diciembre de 2025.
La presentación fue realizada el 1 de septiembre de 2026, en los términos del artículo 274 del Código Procesal Penal Federal. Según la Fiscalía, los acusados habrían participado de una maniobra organizada para sustraer estupefacientes durante una quema realizada el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, ubicado en Colonia Benítez.
En total, la acusación apunta contra ocho agentes vinculados a distintas dependencias de la Policía del Chaco: el comisario Rubén Héctor César Alegre, el subcomisario Franco Andrés Ramírez, los cabos primeros Gustavo Andrés Quizama y Juan Nicolás Almirón Núñez, los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gastón Ezequiel Villalba, el sargento Gustavo Jesús Acosta y el cabo primero Francisco Lucas Leonel García.



Qué penas solicitaronPor la gravedad de los hechos y por tratarse de funcionarios policiales vinculados a la lucha contra el narcotráfico, la Fiscalía solicitó penas de prisión de cumplimiento efectivo para los ocho acusados.
Para Rubén Héctor César Alegre, considerado organizador de la maniobra, se solicitaron 15 años de prisión por organización de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su condición de funcionario público, en concurso real con peculado.
Para Franco Andrés Ramírez se pidieron 12 años de prisión, mientras que para Gustavo Andrés Quizama, Néstor Ariel Urne Canteros y Juan Nicolás Almirón Núñez la Fiscalía solicitó 11 años para cada uno. Todos ellos fueron acusados como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la cantidad de integrantes y por su condición de policías, además del delito de peculado.
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En el caso del sargento Gustavo Jesús Acosta, la pena solicitada es de 8 años de prisión.
Finalmente, para Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García, la Fiscalía pidió 8 años de prisión para cada uno. En sus casos, la acusación sostiene la coautoría en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, aunque no les atribuye el delito de peculado debido a que no se encontraban físicamente en el predio al momento de la sustracción.
Además de las penas, los fiscales solicitaron el decomiso definitivo de los teléfonos celulares utilizados para coordinar la maniobra, del dinero en efectivo secuestrado y la destrucción de la cocaína que permaneció como remanente del procedimiento.


Con la presentación de la acusación, la Fiscalía busca que la causa avance hacia la instancia de juicio oral, donde deberán analizarse las pruebas y determinarse la responsabilidad penal de los ocho policías acusados.
Casi 9,5 kilos de cocaínaDe acuerdo con la investigación, durante el operativo se habría intentado sustraer 9,490 kilos de cocaína, cuyo valor estimado en el mercado sería de unos 142.350 dólares.
El procedimiento contaba con la presencia de autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo provincial y tenía como objetivo la destrucción de distintos cargamentos de droga secuestrados en causas judiciales.
La situación fue advertida por el secretario penal del Juzgado Federal Nº 2, quien observó movimientos que consideró sospechosos por parte de Quizama y Ramírez mientras trasladaban una de las cajas de telgopor que contenía estupefacientes desde la mesa de pesaje hacia una camioneta policial Toyota Hilux, identificada como móvil PT-308.
Según la acusación, el hombre observó gesticulaciones e intercambios entre ambos agentes y advirtió que abrieron y cerraron una de las puertas traseras del vehículo, perdiendo de vista durante unos instantes la caja con droga.
Ante la sospecha de una irregularidad, ordenó que la caja regresara para ser pesada nuevamente. Sin embargo, los agentes inicialmente hicieron caso omiso, subieron a la camioneta y avanzaron algunos metros.
Finalmente, fueron obligados a detenerse y Quizama regresó con la caja. El segundo pesaje arrojó una diferencia significativa: el cargamento había pasado de 8,700 kilos a 7,585 kilos.
La requisa y los ladrillos escondidosA partir de esa situación se realizó una requisa de urgencia en la camioneta oficial. Allí, según la Fiscalía, fueron encontrados varios ladrillos de cocaína ocultos debajo de los asientos del conductor y del acompañante, además de uno que estaba dentro de la mochila de Almirón Núñez. En total, se hallaron nueve ladrillos de cocaína que habían sido ocultados dentro del vehículo.
Pero la investigación posteriormente incorporó otro elemento que, para los fiscales, demostraría que no se trató de una maniobra improvisada. En la mochila de Urne Canteros encontraron un ladrillo de yeso con características similares a los panes de cocaína. Para la acusación, esos bloques estaban destinados a reemplazar los paquetes de droga durante la incineración y así evitar que las diferencias fueran detectadas durante los pesajes.
Chats y escuchas: qué sostiene la FiscalíaLa acusación también se basa en el análisis de teléfonos celulares y comunicaciones entre los policías. Uno de los elementos mencionados por los fiscales es un audio enviado por Quizama el día anterior al procedimiento, en el que habría expresado: "voy a ver cuánto puedo manotear, y después me ubica vos ¿cuánto está ahora?".
También aparece un grupo de WhatsApp denominado "Los laaaaaru laaaaaru". Según la Fiscalía, minutos antes de la quema, Villalba habría advertido a los demás integrantes sobre la utilización de los bloques de yeso y les habría escrito: "Te dije hdmil lleva cinta".
Por otra parte, la investigación señala que García, conocido como "Black", habría coordinado con Almirón Núñez, un día antes del operativo, la búsqueda de un comprador para la droga que pretendían sustraer. En ese intercambio habría respondido: "al toque, al toque... un pasamano de una".
El rol que le atribuyen al comisario AlegrePara los fiscales, el comisario Rubén Héctor César Alegre habría tenido un papel central en la organización de la maniobra. Alegre era jefe de la División Operaciones Metropolitana y, según la acusación, tenía acceso a la Sala de Secuestros. La Fiscalía sostiene que seleccionó a agentes de su confianza para participar del operativo e incluso habría realizado cambios en la conformación del personal para incorporar a determinados policías.
Además, los investigadores consideran que habría dispuesto que el pesaje de los cargamentos más importantes se realizara hacia el final de la jornada, cuando las condiciones climáticas y el cansancio podían favorecer la maniobra.
La acusación también menciona peritajes sobre comunicaciones telefónicas que, según los fiscales, revelarían otros vínculos de Alegre con vendedores de drogas y el supuesto cobro de dinero a cambio de "liberar zonas".