Las privatizaciones con las que el gobierno nacional pretende recaudar entre este año y el próximo unos u$s2.300 millones siguen generando polémica. Ahora, la Fundación Soberanía amplió la denuncia en la provincia de Neuquén para que se investigue la privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, porque “responde a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político, todo ello en franca violación del bloque de legalidad administrativa”. De comprobarse, la operación podría declararse nula.

Entre las firmas beneficiadas por la privatización apuntada se encuentra Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.

Según la denuncia, se terminó de constituir “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”.


En el documento al que tuvo acceso en exclusiva Ámbito, se describe una “cadena de ilegalidades”, que se compone de cuatro eslabones que apuntan directamente contra el ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
Elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación;Subvaluación de activos gracias a la participación del BICE y la confesión de la finalidad recaudatoria;La Identificación de los beneficiarios: El Mismo Patrón se Repite, yLa Consumación de la Ilegalidad: El concurso "Sin Base" y el Apuro Fiscal.El eje inicial de los cuestionamientos es el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación, bajo la conducción de Julio Villamonte. El TTN, que funciona dentro de la órbita de la cartera de Economía, quedó expuesto, de acuerdo con la presentación, porque no se respetaron los tiempos necesarios para que desarrolle la labor para la que fue creado y, a la vez, porque el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo no fue “una tasación objetiva, sino la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”.


La causa está siendo tramitada en el juzgado federal de General Roca, encabezado por el magistrado Hugo Greca.