Diputados del Peronismo Federal solicitaron a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que inicie una investigación formal contra billeteras digitales interoperables y otros proveedores no financieros por presuntas conductas anticompetitivas.
La presentación menciona entre las empresas y plataformas denunciadas a Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay, y apunta a determinar si incurrieron en prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia y otras normas vinculadas con los derechos de consumidores y usuarios de servicios financieros. Este pedido se da justo cuando se está debatiendo la conducta abusiva con tasas de interés que tienen este tipo de aplicaciones.
La presentación en cuestión fue firmada por los legisladores Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin.
En este contexto, el diputado por Entre Ríos Guillermo Michel advirtió sobre el nivel de endeudamiento de los argentinos y cuestionó las tasas aplicadas en algunos créditos.
“El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos (luz, gas, alquiler) consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir. El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos ¿y qué hacen?; se endeudan para comprar alimentos”, señaló Michel.
En esa línea, Michel agregó que “el problema es que hoy la tasa llega en algunos casos al 700% anual y los trabajadores, jubilados y monotributistas optan por no pagar. Ya existen más de 5,5 millones de deudores. Están destruyendo la clase media”.
Casi 700 proveedores en la mira
La presentación busca que la ANC analice la conducta del universo de 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre ellos mutuales y cooperativas, autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para operar.
En el escrito, los denunciantes sostienen que las entidades cuestionadas tienen una posición relevante en el mercado de billeteras virtuales y procesamiento de pagos minoristas y plantean que la combinación entre información transaccional, infraestructura de pagos y otorgamiento de crédito podría generar barreras para otros competidores.
Los legisladores solicitaron al organismo de competencia que requiera al BCRA información sobre el volumen de operaciones y participación de mercado de las entidades, además del historial de Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) aplicados durante los últimos 24 meses.
También reclamaron que se determine cuáles de esas entidades se ubicaron por encima y por debajo de la media y la mediana de las tasas del mercado, y que se informe sobre los índices de morosidad y los ratios de endeudamiento de cada una.
Además, pidieron que se designe un cuerpo pericial integrado por economistas e informáticos de la ANC para auditar los algoritmos de asignación de crédito y los mecanismos de scoring utilizados por las aplicaciones denunciadas.
El objetivo es determinar si utilizan datos transaccionales no financieros para discriminar precios o imponer tasas excesivas en función de la falta de alternativas de los usuarios, así como establecer si esos mecanismos pueden reforzar barreras de entrada, costos de cambio o situaciones de dependencia.
La denuncia también pone el foco en la interoperabilidad de los datos y sostiene que la imposibilidad de compartir historiales transaccionales entre entidades podría dificultar que los usuarios trasladen su reputación crediticia a otros proveedores y limitar así la competencia.
Los diputados pidieron investigar posibles infracciones a la Ley Nº 27.442 de Defensa de la Competencia, al artículo 36 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y a disposiciones de la Ley Nº 24.144, correspondiente a la Carta Orgánica del Banco Central.
También incluyeron los artículos 10, referido al abuso de derecho, y 11, sobre abuso de posición dominante, del Código Civil y Comercial de la Nación.
Finalmente, solicitaron que la ANC abra formalmente la investigación, produzca las medidas probatorias requeridas y, en caso de comprobar irregularidades, disponga el cese de las conductas y aplique las sanciones previstas por la legislación vigente.