Luego del gran triunfo político y social que representó la eliminación del capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, el bloque peronista del Senado concentró su estrategia en impedir que se modifique la ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina las restricciones de entre 30 y 60 años que prohíben cambiar el uso del suelo, vender o dividir tierras incendiadas. Senadores de Chubut y Córdoba ya habían anticipado la posibilidad de tampoco acompañar ese capítulo, por lo que esperaban sumar algunas otras voluntades antes del inicio de la sesión. La movilización al Congreso, que se mantiene en pie para este jueves desde las 14, también puede funcionar como incentivo para convencer a los indecisos.

"Nosotros sufrimos el año pasado la pérdida de 60 mil hectáreas incendiadas. Hay una herramienta fundamental para evitar la especulación inmobiliaria sobre esos territorios quemados que mañana la quieren eliminar", explicó la senadora rionegrina Ana Marks. La ley de Manejo del Fuego, modificada en 2020 a partir de un proyecto de Máximo Kirchner, estableció prohibiciones de hasta 60 años para cambiar el destino de un terreno incendiado, con el objetivo de permitir la restauración del ecosistema. Con esa restricción buscó desalentar que desarrolladores inmobiliarios incendien intencionalmente bosques o humedales para luego comprar esos terrenos a bajo precio y destinarlos a emprendimientos comerciales. Esa hipótesis estuvo presente en numerosos incendios forestales ocurridos en los últimos años.


"Una gran victoria del pueblo argentino y una gran derrota del Gobierno", definió la senadora Juliana Di Tullio la decisión del oficialismo de retirar el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, luego de que algunos gobernadores y senadores de la oposición dialoguista manifestaran su rechazo. Era el núcleo central del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ideado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no logró avanzar pese a las 16 versiones diferentes que tuvo la iniciativa. Sin embargo, eso no significa que el resto de los capítulos no genere también preocupación en las bancadas opositoras. La diferencia es que, en varios de esos casos, creían que no había margen para convencer a los senadores dialoguistas de cambiar su posición favorable al proyecto.

Otro de los puntos que generaba preocupación era el de los desalojos exprés que habilita el proyecto. Incluso ante el atraso en el pago de un alquiler, el propietario podría obtener el desalojo con una simple declaración jurada, sin necesidad de atravesar un proceso judicial. Lo mismo ocurría con el capítulo referido a las expropiaciones, que las vuelve mucho más costosas y complejas al incorporar, además de la indemnización, la obligación de pagar el lucro cesante al propietario. Sin embargo, en el peronismo no imaginaban reunir los votos necesarios para rechazar ninguno de esos dos capítulos, ya que daban por descontado el respaldo de las bancadas dialoguistas a la propuesta del Ejecutivo.

En cambio, había más expectativas respecto de las modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, ya que varias provincias sufrieron incendios devastadores en los últimos años. Cada vez que esos focos se extendieron y demoraron semanas en ser controlados surgieron sospechas de que habían sido iniciados de manera intencional para convertir áreas protegidas en tierras aptas para emprendimientos inmobiliarios o desarrollos agropecuarios. Por eso, senadores de provincias especialmente afectadas, como Córdoba y Chubut, adelantaron que no acompañarían ese capítulo. En Unión por la Patria confiaban en que legisladores de otras provincias patagónicas y del norte, que también padecen incendios forestales con frecuencia, pudieran sumarse a ese rechazo. Hablaban de unos 31 votos por el rechazo, por lo que necesitarían algunos más.

La sesión prevista para las 14 comenzará con la discusión sobre si la peronista mendocina Anabel Fernández Sagasti y el radical catamarqueño Flavio Fama participarán de manera virtual, ya que no pueden viajar por cuestiones de salud. La vicepresidenta Victoria Villarruel los habilitó, pero dejó la decisión ad referendum del pleno, por lo que será el cuerpo el que resuelva la cuestión al inicio del debate. Por otro lado, Di Tullio presentó una impugnación por presunto conflicto de intereses contra el libertario entrerriano Joaquín Benegas Lynch, luego de que trascendiera que posee un emprendimiento dedicado a la venta de terrenos a extranjeros. Fuera del recinto, la movilización convocada frente al Congreso también buscará incidir en el clima de la sesión y alimentar las expectativas de la oposición de que el oficialismo sufra una nueva derrota y deba resignar otro de los capítulos del proyecto.