Un incendio ocurrido durante la mañana del miércoles en el barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe, permitió descubrir las condiciones en las que vivían adultos mayores y personas con discapacidad en un establecimiento que funcionaba como geriátrico sin habilitación oficial.

El procedimiento dejó al descubierto un escenario de hacinamiento, falta de alimentos y presuntas irregularidades en el manejo de los bienes de los residentes.

A partir de la intervención de las autoridades, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un empleado que realizaba tareas de cuidado, mientras la Justicia busca determinar las responsabilidades por el funcionamiento clandestino del lugar.
Tras el operativo, seis de las siete personas alojadas fueron trasladadas, con la asistencia de trabajadores sociales de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe, a la Casa Beata Clara Bosatta, ubicada sobre la avenida Blas Parera al 7700. Todos habían llegado previamente al hogar luego de ser derivados por asistentes sociales tras recibir atención en hospitales públicos.
Según trascendió, el incendio habría sido provocado por uno de los residentes. Héctor, el hombre que admitió haber iniciado el fuego, explicó que tomó esa decisión para pedir ayuda. “Lo hice para llamar la atención porque no nos alimentaban hacía cuatro días”, contó en declaraciones al medio Aire de Santa Fe.

El hombre aseguró que le habían prometido un lugar donde recibiría cuidados y alimentación, pero sostuvo que ocurrió todo lo contrario. “Me dijeron que acá iba a estar bien, que no me iba a faltar nada, que iba a comer bien y me iban a atender. Fue todo al revés”, afirmó.
Los testimonios de otros residentes describen un panorama similar. Miguel Ángel relató que abonaba una cuota mensual de 300.000 pesos y denunció que los responsables del establecimiento retiraban directamente ese dinero utilizando la tarjeta con la que cobraba su jubilación.
“Me sacaron la tarjeta y el encargado retiraba el dinero”, aseguró el hombre, quien había llegado al lugar tras permanecer internado por una neumonía en el Hospital Sayago.

Otro de los alojados, Luis César Arriola, de 80 años y exchofer de colectivos, afirmó que pasó dos años sin documentación y sin posibilidad de comunicarse con otras personas. “Me tienen secuestrado”, sostuvo.
También aseguró que desde su ingreso no volvió a recibir atención médica ni le permitieron salir del establecimiento y reiteró la denuncia por la falta de alimentos. “Hace cuatro días que no comemos. No hay azúcar, no hay yerba, no hay pan, no hay nada”, expresó.
Además, denunció haber sufrido maltrato verbal y psicológico y afirmó que, desde el primer día, los responsables del lugar le retuvieron su documentación, dinero y pertenencias. “Estoy a merced de ellos. No toco un peso argentino ni moneda de ningún lado hace un par de años”, señaló.

La investigación también incorporó el testimonio de un vecino, quien contó que su hija le prestaba dinero a uno de los empleados para que pudiera comprar alimentos destinados a los residentes. “Es muy feo todo, son abuelos que no tienen recursos para sobrevivir”, lamentó.
El vecino también destacó la tarea de Ricardo, uno de los trabajadores del lugar, al asegurar que era quien realizaba las compras, cuidaba a los adultos mayores e incluso los bañaba cuando era necesario.
Las imágenes tomadas tras el incendio reflejaron las condiciones en las que funcionaba el establecimiento. En una misma habitación había varias camas, el mobiliario era escaso y las pertenencias de los residentes permanecían amontonadas. En el patio interno quedó el colchón parcialmente quemado que originó la intervención de bomberos y policías.
Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades intentan determinar las responsabilidades por el funcionamiento del hogar y las condiciones en las que permanecían las personas alojadas.