La defensa de Cristina Kirchner presentará este miércoles una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el objetivo de que el organismo internacional analice si durante el proceso judicial de la causa Vialidad se vulneraron derechos y garantías contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


El planteo representa el inicio de una estrategia en el ámbito internacional luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia contra la expresidenta, que contempla seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presentación estará enfocada en presuntas irregularidades vinculadas con el debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad de los tribunales que intervinieron en la causa. La defensa buscará que el Comité determine si el Estado argentino incumplió las obligaciones asumidas al adherir a los tratados internacionales de derechos humanos.


El equipo jurídico encabezado por Carlos Beraldi sumó para esta etapa al abogado brasileño Rafael Valim, quien tuvo participación en la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el caso Lava Jato. También se incorporó el exjuez español Javier Borrego, quien cuenta con experiencia en el sistema europeo de protección de los derechos humanos.
Uno de los antecedentes que la defensa considera relevante es el caso de Lula. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso judicial seguido contra el mandatario brasileño había vulnerado garantías vinculadas con el debido proceso. La estrategia de Kirchner buscará que ese antecedente sea tenido en cuenta para analizar su situación.


El Comité deberá evaluar en primer término la admisibilidad de la presentación. Si considera que cumple con los requisitos establecidos, podrá solicitar información al Estado argentino y posteriormente avanzar en el análisis del fondo del reclamo.
Una eventual decisión del organismo no tendría capacidad para dejar sin efecto una sentencia dictada por la Justicia argentina. Sin embargo, podría establecer un pronunciamiento internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país en materia de derechos humanos.