La Cámara de Diputados de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó, en las últimas horas, la ampliación del Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas. 
Con 66 votos afirmativos, y por unanimidad, la ley modifica el artículo 2 de la Ley 15.386 e incorpora a más de 400 veteranos que habían quedado afuera del sistema por particularidades en sus bajas entre 1983 y 1985. 
La iniciativa, impulsada por los legisladores María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, y que contó con el acompañamiento de todos los bloques, logró cumplir el objetivo principal: la reparación histórica de los excombatientes.
Pese al consenso, la sesión fue escenario de cruces políticos sobre la figura del presidente Javier Milei y su afinidad con la primera ministra durante la Guerra de Malvinas, Margaret Thatcher. El titular del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, cargó contra la bancada de La Libertad Avanza por la postura geopolítica del Ejecutivo nacional y la desfinanciación provincial.
El legislador afirmó que "a la patria y a las Malvinas se las defiende todos los días". En respuesta, desde La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo pidió separar el debate partidario y resaltó la importancia de la sesión. 
A su vez, Héctor Gay (LLA) calificó la norma como "un acto de reparación histórica" para los veteranos. El radical Diego Garciarena destacó el consenso para hacer justicia con los excombatientes. La sesión, que contó con presencia de veteranos, incluyó restricciones del CECIM La Plata para excluir a condenados por delitos de lesa humanidad.
Cabe recordar que la propuesta inicial establecía que estos excombatientes de Malvinas deberían acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense para gozar del beneficio, que será equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la PBA, y que incluye el goce del 100% de los subsidios mensuales estipulados en la Ley 13.659.
Sin embargo, en octubre del año pasado los héroes de guerra alertaron que, si la Legislatura bonaerense sancionaba esa ley, se legalizarían “beneficios jubilatorios ilegales” que no solo comprometerían los recursos del Gobierno provincial, sino que también reconocerían a exmilitares que tomaron cargos como auxiliares en escuelas bonaerenses sin respetar la Ley 10.430 sobre los requisitos para el ingreso a la Administración Pública.