:El volumen de depósitos en dólares del sistema financiero se ubica entre los mayores niveles de las últimas décadas y el Gobierno busca convertir una porción mayor de ese stock en crédito, mientras promueve, a la par, un blanqueo permanente de billetes verdes que están fuera del sistema. De acuerdo con datos del Banco Central actualizados al miércoles hasta la semana pasada, el stock de depósitos en moneda extranjera 42.103 millones de dólares, de los cuales el 62,4 por ciento ya se prestó al sector privado o tuvo como destino líneas de crédito al exterior, comerciales y financieras. El objetivo declarado es movilizar recursos que permanecen inmovilizados en balances bancarios y transformarlos en financiamiento para la actividad económica, en un riesgoso proceso de dolarización (o profundización del bimonetarismo) en momentos en que crece la morosidad empresaria y la fuga de divisas está en niveles superiores a los del macrismo.
Es imposible no vincular la decisión con la historia aún reciente del sistema bancario argentino, cuando el pánico se apoderó de los ahorristas y fueron a buscar sus dólares a sus bancos. Estos no estaban porque se habían prestado, derivando en el tristemente célebre corralito. Si bien el nivel de apalancamiento (dinero prestado sobre depositado) es bajo, la idea de aumentar la intermediación en dólares hacia actores cuyos ingresos no necesariamente evolucionan en esa misma moneda debilita la posición de las entidades bancarias. 


Una primera mirada revela que el crédito crece a una tasa que casi duplica la de depósitos, lo que, a la larga generará un cuello de botella que el equipo económico que lideran la dupla que integran Luis Caputo, como ministro de Economía, y Santiago Bausili, al frente del Central, buscan sortear con un blanqueo perpetuo. Los últimos datos del Banco Central, en su informe diario al 17 de junio pasado, muestran una dinámica que revirtió de manera significativa la estructura del sistema financiero que se exhibía hasta la llegada del gobierno libertario. Los depósitos del sector privado en moneda extranjera alcanzaron los 42.103 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 28,1 por ciento.
En paralelo, los préstamos al sector privado en dólares llegaron a 23.595 millones, con un salto del 49,4 por ciento respecto del año anterior. A eso se suma un incremento de las líneas provenientes del exterior hasta los 2.696 millones de dólares —702 millones financieras y 1.994 millones comerciales—, con una expansión del 175,7 por ciento interanual. De esta manera, los bancos ya prestaron más de seis de cada diez dólares que reciben de sus depositantes. Sin embargo, el Gobierno considera que todavía existe espacio para aumentar esa relación y acercarla a niveles observados durante otros períodos de expansión del crédito.
La decisión quedó formalizada mediante la Comunicación A8446 del Banco Central. Desde ahora, empresas que no participan directamente del comercio exterior podrán acceder a préstamos en moneda extranjera siempre que cuenten con garantías otorgadas por exportadores. La modificación no elimina formalmente las restricciones establecidas tras la crisis de principios de siglo, pero introduce una excepción que amplía de hecho el universo de tomadores posibles.
Mientras el Gobierno endurece el tratamiento de los depósitos en pesos mediante un nuevo aumento de encajes que llevó a niveles insosteniblemente altos del 53,5 por ciento previo a las elecciones legislativas del año pasado —uno de los niveles más elevados de las últimas tres décadas—, mantiene una lógica de mayor utilización de los recursos dolarizados disponibles dentro del sistema. La intención es potenciar el crédito en moneda extranjera, de cara a una mayor dolarización de la economía, un deseo del que Milei no puede divorciarse. El argumento que esgrime el oficialismo es que existe una cantidad importante de dólares inmovilizados que podrían utilizarse para financiar actividad económica. La discusión es si ese objetivo puede alcanzarse sin recrear desequilibrios que ya tuvieron antecedentes costosos.
Una huella traumática.Durante los años de convertibilidad el sistema bancario expandió fuertemente el crédito dolarizado incluso hacia sectores cuyos ingresos estaban nominados en pesos. Empresas, comercios y familias tomaban financiamiento en una moneda que parecía estable porque el régimen de tipo de cambio fijo reducía la percepción de riesgo. Mientras el flujo de capitales externos y la confianza sostenían el esquema, la dinámica parecía sostenible. Pero el problema apareció cuando se interrumpió el financiamiento y comenzaron las tensiones cambiarias.
El sistema quedó expuesto al llamado descalce de monedas, que se explica por activos bancarios prestados en dólares a actores que generaban ingresos en pesos y pasivos compuestos por depósitos que debían devolverse en dólares. La corrida bancaria de 2001 y el posterior corralito dejaron en evidencia que la disponibilidad de dólares en el sistema no alcanzaba para responder simultáneamente a retiros masivos y al deterioro de la capacidad de pago de deudores dolarizados. Después de esa experiencia, se diseñó durante la presidencia del BCRA de Martín Redrado un esquema regulatorio más restrictivo. Entre las normas centrales apareció el decreto 905 del 2002, que limitó el acceso al crédito en dólares a exportadores y actores vinculados a cadenas de generación de divisas. El objetivo era que quien tomara deuda en moneda extranjera tuviera ingresos en esa misma moneda y redujera el riesgo de incumplimiento ante una devaluación. Según el propio Caputo, esta medida de resguardo es un corsé a sus intenciones de expandir el crédito en dólares. 

Durante la gestión de Redrado, ese enfoque fue consolidado mediante regulaciones prudenciales que buscaron impedir que volviera a generarse un descalce sistémico entre moneda de captación y moneda de colocación. La lógica era sencilla: el ahorro en dólares debía preservar un respaldo consistente y evitar que el sistema bancario trasladara el riesgo cambiario hacia depositantes que no participan de las decisiones de crédito. La flexibilización actual no elimina ese principio, pero abre una puerta que hasta ahora permanecía cerrada, al permitir que un tomador sin generación propia de divisas acceda igualmente al financiamiento si un exportador funciona como garante.
El cambio regulatorio coincide con otra tendencia que introduce interrogantes sobre la calidad futura de las carteras bancarias. Especialmente, en momentos en que grandes compañías aprovecharon el descenso del riesgo país y mejores condiciones financieras para refinanciar pasivos o extender vencimientos, distintos indicadores muestran un deterioro sostenido en el universo empresario, pero la morosidad de firmas de menor envergadura coquetea en sus máximos históricos. La mora empresarial alcanzó en abril el 3,3 por ciento de la cartera, frente al 0,9 por ciento que había registrado un año antes, según el Informe de Bancos del BCRA. m
El aumento fue extendiéndose a distintas líneas y aparece especialmente concentrado en instrumentos utilizados para financiar capital de trabajo, como adelantos en cuenta corriente y descuento de documentos. Son herramientas que suelen reaccionar rápidamente cuando las empresas enfrentan menor flujo de ventas o mayores costos operativos. Un informe del Instituto Argentina Grande agrega que existen actualmente 21.948 firmas clasificadas en situación 5 dentro del sistema financiero —categoría correspondiente a deudores irrecuperables—, equivalente al 7,7 por ciento del total de empresas financiadas y un incremento del 65 por ciento interanual. Si se incorporan las categorías 3, 4 y 5, el conjunto de compañías con problemas crediticios alcanza al 13,5 por ciento.
Ese contexto es el que vuelve especialmente relevante el debate sobre la expansión del crédito, especialmente en moneda extranjera y con niveles de tasas exorbitantes. La agencia Moody’s señaló en un informe reciente que la nueva normativa habilita por primera vez desde 2002 el uso de depósitos de ahorristas en dólares para financiar préstamos a empresas sin ingresos en divisas. Los analistas indicaron que existe “un amplio margen de intermediación sin utilizar, disponible para financiar la reactivación del sector productivo”, aunque advirtieron que “la ampliación del universo de deudores elegibles en moneda extranjera podría presionar la calidad de activos ante un escenario de corrección cambiaria”.
El diagnóstico parte de un mecanismo conocido: cuando el deudor no genera dólares, una modificación del tipo de cambio altera automáticamente su capacidad de repago. Según Moody’s, “el deudor primario sin ingresos en moneda extranjera queda expuesto a un deterioro en su capacidad de repago ante movimientos adversos del tipo de cambio, y la calidad crediticia de la operación pasa a depender de la solidez financiera del exportador garante”. La calificadora sostuvo que el riesgo podría mantenerse contenido si el crecimiento es gradual y concentrado en bancos con capacidad de evaluación, aunque advirtió que “un crecimiento acelerado de esta cartera en un contexto de estabilidad cambiaria podría generar una acumulación de riesgo procíclico con consecuencias ante un eventual cambio de escenario”.