La fiscalía pidió penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada juzgados por el hundimiento del ARA San Juan y concluyó que la tragedia que causó la muerte de sus 44 tripulantes era predecible a partir de las “condiciones deficientes” en que navegaba el submarino.
Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que los acusados conocían las deficiencias operativas de la embarcación y, pese a ello, permitieron que continuara en servicio.

“El resultado era predecible”, fue una de las frases centrales de la acusación con la que la fiscalía buscó demostrar que la pérdida del submarino no respondió a un hecho inesperado sino a una sucesión de decisiones y omisiones dentro de la cadena de mando naval.
Los fiscales solicitaron las penas más altas de 5 años para el contralmirante (re) y ex comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo, y para el ex capitán de navío, excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, a quienes señalaron como responsables de autorizar operaciones pese a las restricciones y problemas que presentaba la nave.
En tanto, los fiscales pidieron cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años de prisión para Hugo Miguel Correa. Los cuatro llegaron al juicio en libertad.
Según la acusación, el ARA San Juan acumulaba antecedentes técnicos que debían haber motivado mayores controles y medidas preventivas. En ese sentido, la fiscalía sostuvo que los imputados contaban con información suficiente para advertir los riesgos asociados a la navegación del submarino.

El juicio entró en la recta final y los representantes del Ministerio Público reconstruyeron el funcionamiento de la cadena de mando y describieron una serie de incumplimientos vinculados con el mantenimiento, la supervisión y el alistamiento de la embarcación.
La fiscalía afirmó además que las fallas que presentaba el submarino eran conocidas y que existían advertencias previas sobre distintos problemas técnicos.
Por eso, concluyó que los acusados incumplieron los deberes que les imponían sus cargos al no adoptar medidas que evitaran exponer a la tripulación a un riesgo extraordinario.
Sobre Villamide, la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) María Garmendia consideró que se le debe reprochar que “debía ser predecible el resultado acaecido del ARA San Juan, ya que entra en la violación de los deberes de cuidado que le son exigibles”.
La fiscalía resaltó un aspecto importante: la postergación de una inspección de seguridad que, según la acusación, debía realizarse antes de la tragedia. “Con un testigo pudimos saber que se priorizó la realización de operaciones por sobre una inspección de seguridad. Se pospuso la inspección para diciembre de 2017”, señaló la fiscalía.
Al finalizar el alegato, los fiscales pidieron condenas por el “accionar imprudente” de los cuatro imputados.
El debate es dirigido por los jueces Mario Reynaldi, quien preside el Tribunal, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini.
Por el Ministerio Público Fiscal participan Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia.
Tras la exposición de la fiscalía, deberán alegar las querellas representadas por Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra y luego será el turno de las defensas.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata.
Los restos del submarino fueron hallados un año más tarde a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur.