La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, uno de los acusados por el triple con sello narco cometido en Florencio Varela, presentó un habeas corpus en el que denunció por supuestas torturas y violencia institucional al Servicio Penitenciario Federal.
El abogado Lucas Contreras Alderete dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y señaló que radicó el recurso ante el titular del Juzgado Federal número 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, a quien le solicitó la "inmediata libertad", porque está detenido bajo "condiciones de ilegalidad".
De manera subsidiaria, el letrado peticionó el traslado a otra cárcel que garantice "mejores condiciones de detención", al tiempo que reclamó la declaración de la "inconstitucionalidad de la Resolución 35/2024", dictada por el Ministerio de Seguridad.
El primer artículo de esa medida estableció la creación del "Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal", en tanto que el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 8/23 modificó el artículo cuatro del Título I de la Ley N.º 20.416, y se dispuso que el SPF depende del Poder Ejecutivo por "intermedio" de la cartera encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva.
"Que, dicha cartera ministerial, a través de la mencionada resolución, resulta la responsable del diseño e implementación de una medida que representa una gravedad inusitada contra los derechos y garantías más fundamentales que protegen a las personas privadas de su libertad", agrega el citado habeas corpus.
El peruano habría padecido "torturas psicológicas" en el Establecimiento de Jóvenes Adultos, perteneciente al penal de Marcos Paz, donde permanece "aislado, relegado al confinamiento en soledad en una celda, sin la presencia ni el acompañamiento de ninguna persona, sea personal del SPF, otro interno alojado en dicho establecimiento, o asistencia profesional", sostiene el escrito.
En este sentido, Contreras Alderete añade que se trata de un "acto arbitrario" con carencia de "sustento fáctico y jurídico", mientras que niega la existencia de "hechos de inconducta" y recrimina el "impedimento" de "contacto" con el "núcleo familiar más directo" por cualquier medio, el cual "produce un grado de afectación muy grave en cualquier persona".
"El dolor que le causa a mi defendido no poder tener contacto con su familia es irremediable, a tal punto que le genera un estado de angustia y tristeza muy profundo", se lee en el documento de 44 páginas al que accedió NA.
Además, el abogado apeló el procesamiento con prisión preventiva dictado la semana pasada por Rodríguez, pidió el sobreseimiento de "Pequeño J" y la revocatoria de la causa en curso por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.
En caso de que se desestime dicho recurso, solicitó, subsidariamente, que se dicte la falta de mérito y la nulidad del embargo vigente sobre sus bienes por la suma de $1.000.000.000.
Valverde Victoriano está imputado como presunto autor de los delitos de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterada en tres hechos, en concurso real entre sí.