Después de más de dos años y medio de lucha de la comunidad universitaria, de cuatro marchas federales. Después de que el gobierno de Javier Milei desoyó la voluntad del Congreso y los fallos de la Justicia durante meses se llegó a un acuerdo con los rectores y gremios universitarios por un aumento del 24,3% en los salarios docente y no docentes, además de subas en los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas. Si bien la Casa Rosada pretendía que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) diera marcha atrás con la demanda judicial, no logró imponer esa claúsula. La mayoría de los sindicatos aceptaron la negociación, pero advirtieron que seguirán reclamando por la implementación completa de la Ley de Financiamiento.
Recién después de 30 meses, los gremios universitarios y el Gobierno firmaron por primera vez una paritaria. Después de la reunión entre representantes del Ministerio de Educación, el CIN y representantes de docentes y no docentes se ratificó la actualización salarial del 24.33 por ciento. En junio habrá un aumento del 21.33 por ciento sobre los básicos de mayo y del 3 por ciento restante se dará en octubre sobre los básicos de septiembre.
La próxima reunión paritaria será el 15 de septiembre y, a partir de esa fecha, se reunirá cada tres meses como máximo. También se acordó la recomposición salarial en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de acuerdo con el INDEC y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024. Para la secretaria general de la CONADU, Clara Chevalier, si bien es “el resultado de la lucha y del trabajo articulado con toda la comunidad universitaria, no es la respuesta completa”. En diálogo con Página/12 agregó: “Se firma la primera paritaria desde que asumió Javier Milei, que viene ninguneando a las universidades, atacándolas y negando a los trabajadores las instancias paritarias”.
“Por supuesto que no es la respuesta completa, no es la respuesta que necesitamos, por eso es que vamos a seguir peleando por la plena ejecución de la ley. No vamos a cesar en las acciones judiciales y sindicales vinculadas a las demandas salariales, de fondos para ciencia e investigación, entre otras”, agregó Chevallier.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades remarcaron que “es un avance importante, pero que la lucha continúa para recuperar integralmente el salario perdido”. El secretario general, Daniel Ricci, dijo que “ahora tendremos paritarias cada tres meses en base al índice de inflación, lo cual garantiza que dejemos de perder”. “Queda pendiente para la próxima negociación de paritarias cómo se continúa con la recuperación de lo perdido desde que Milei asumió como presidente, que es lo que pide la Ley de Financiamiento Universitario. Vemos como un paso positivo este incremento salarial, porque empezamos a recuperar parte de lo perdido y dejamos de perder, y obviamente seguiremos reclamando por la gran parte que queda pendiente desde el año 2024”, concluyó Ricci.
Otro de los puntos del acuerdo es un incremento del 20 por ciento para los gastos de funcionamiento. Durante los dos años y medio en los que gobierna La Libertad Avanza, las transferencias tuvieron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026.
También se acordó una partida adicional de 50 millones de pesos para los hospitales universitarios, que a principios de mayo denunciaron la grave crisis que atraviesan porque el Ministerio de Educación no les transfirió los 80.000 millones de pesos presupuestados para 2026.
Por último, también se agregó el ítem de becas, cuyo aumento era uno de los reclamos junto a lo de los salarios que el máximo tribunal tiene que resolver. Se definió un aumento del 50 por ciento para las Manuel Belgrano, que están congeladas en 82.000 pesos desde diciembre de 2023.
El vicerrector del CIN, Anselmo Torres, le dijo a Página/12 que valoran “este avance como un paso significativo en el proceso de recuperación de los recursos previstos para el sistema universitario”, aunque advirtió que “aún subsisten aspectos contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario cuya implementación requiere continuar siendo reclamada”.
Desde el consejo que agrupa a las casas de altos estudios indicaron que “es un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”. Y reiteraron que no sacarán la demanda judicial por la Ley de Financiamiento que tiene fallos favorables en primera y segunda instancia y que está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Justamente esa era una de las cláusula que intentó imponer el secretario de Políticas Públicas, Alejandro Álvarez, la semana pasada, durante la primera reunión. Esa propuesta fue rechazada de plano por los rectores y los funcionarios libertarios tuvieron que ceder: “la respuesta estructural está en la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y la demanda judicial se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva”, indicaron en un comunicado.
En conversación con Página/12, Torres dijo que “el CIN mantendrá todas las herramientas institucionales y legales oportunamente promovidas, acompañando el proceso de cumplimiento de la normativa y reafirmando su compromiso con la plena vigencia de los derechos y garantías que la ley establece para las universidades nacionales”.
Si bien la mayoría de los gremios aceptó el acuerdo, hay algunos que quedaron disconformes. Una encuesta hecha entre afiliados de FEDUBA en las horas previas a la reunión indicó que el 89 por ciento no estaba de acuerdo. La propuesta representa una mejora respecto de la situación actual (...) Pero también es evidente que resulta insuficiente frente a la magnitud del deterioro acumulado durante estos años. Tampoco son claras las garantías en cuanto a la vigencia de la Ley. Todo ello frente a un gobierno que nos ha declarado la guerra”, dijeron en un comunicado.