La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, denunció a su colega de La Libertad Avanza Santiago Santurio por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento, omisión maliciosa de datos en declaración jurada patrimonial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y cohecho pasivo, por lo que pidió investigar la posible infracción a los artículos 6 y 8 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y la Ley 26.857 de Publicidad de Declaraciones Juradas.


Santurio es uno de los diputados oficialistas que se benefició con los préstamos del Banco Nación: en julio de 2025 obtuvo un crédito hipotecario UVA por 239.000 dólares a pagar en 30 años. También accedieron a ese beneficio sus colegas en la Cámara Baja Mariano Campero y Lorena Villaverde, los funcionarios del Ministerio de Economía Felipe Nuñez y Federico Furiase y Federico Sharif Menem, asistente del presidente de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Pagano, que entró a la Cámara Baja como aliada de La Libertad Avanza pero luego se distanció del bloque oficialista, pidió que se remita toda la documentación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la presunta comisión de los delitos previstos por la Ley del Régimen Penal Tributario.


La diputada confirmó a PERFIL que la denuncia se sorteó y quedó radicada en el Juzgado Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas: es la causa 2511/2026. La instrucción está delegada en la fiscal Alejandra Mangano. Fuentes judiciales con acceso al expediente confirmaron que “como la denuncia hace referencia a información pero no aporta documentación que la respalde, se está verificando esa información en fuentes abiertas y otras”.
En la denuncia, Pagano señaló que el análisis de las declaraciones juradas presentadas por Santurio ante la Oficina Anticorrupción (OA), cruzado con la información pública de la Central de Deudores del Banco Central e información pública “revela un cuadro de omisiones, inconsistencias e incongruencias patrimoniales que configuran prima facie los tipos penales denunciados”.
Una primera inconsistencia que se advierte es la demora en la presentación de las declaraciones juradas. La inicial de 2023 (asumió la banca el 10 de diciembre de ese año) la presentó en octubre de 2025, con una mora de unos 20 meses. La anual de 2023 en enero de 2026, unos 15 meses después de lo establecido y la anual de 2024, en abril de 2026, unos ocho meses más tarde.

Según la última declaración jurada presentada ante la OA, Santurio tenía un patrimonio de 12 millones de pesos: $4.478.892 en una caja de ahorro, $5.000.000 en efectivo y otros 4 mil dólares más depositados en dos cuentas, una en un banco local y otra en el exterior.

La denuncia advierte que la cuota que debe pagar mensualmente Santurio por el crédito del Nación representaría más del 48% de los ingresos netos de su grupo familiar, casi el doble del límite del 25% que suele aplicar el propio banco. Añade que María Celina Aguilar Bugeau, la esposa de Santurio, "no posee inscripción activa ante ARCA y no exterioriza ante la administración tributaria ingreso formal alguno". Sin embargo, siempre según Pagano, Aguilar Bugeau se dedica a la venta de obras de arte religioso y al dictado de cursos y talleres. La presentación judicial indica que incluso vendería sus obras al exterior, en particular a Alemania.

Según el sitio web Cuánto deben, que armaron Andrés Snitcofsky y Sebastián Waisbrot con información del Banco Central, Santurio está en la categoría de "Riesgo alto" en su condición crediticia. Para Pagano, “el crédito hipotecario otorgado a Santurio nunca debió haber sido aprobado por el Banco Nación en aplicación estricta a sus propias normas de evaluación crediticia”.
En ese sentido, la diputada enfrentada al oficialismo enfatiza que “un diputado nacional no es un empleado público con estabilidad: es un mandatario electivo cuya función concluye en fecha cierta”. “Otorgar a un mandatario de plazo cierto un crédito a 30 años por USD 239.000 —tres décadas, equivalente a 15 veces el plazo restante de su mandato— configura, en el mejor escenario, una desviación grave del manual de crédito; en el escenario más adverso, una operatoria irregular subyacente”.

AntecedentesLa denuncia indica que antes de asumir como diputado bonaerense por La Libertad Avanza en diciembre de 2023, Santurio trabaja como profesor y completaba el ingreso como chofer de Uber. "Su perfil económico era el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar", señala la denuncia.

En dos años, Santurio pasó de alquilar a ser propietario. Según trascendió, con el crédito hipotecario del Banco Nación habría adquirido una casa en un barrio cerrado de Villa Ballester, valuada en aproximadamente 300 mil dólares, con superficie suficiente "para albergar quincho y eventos sociales de envergadura".
Pagano pidió investigar a Santurio por enriquecimiento ilícito porque en los dos años y medio que lleva como funcionario público experimentó “un incremento patrimonial apreciable (...) materializado en la adquisición de un inmueble por USD 298.750 financiado en un 80% por el Banco de la Nación Argentina y en un 20% por aporte propio sin trazabilidad documental en sus declaraciones juradas”.

“Condominio Santurio Rodríguez Santiago Javier y otros”Pagano señala que previo al crédito hipotecario que le otorgaron en julio de 2025, Santurio y su familia eran inquilinos en los barrios de Devoto, Palermo y San Martín (provincia de Buenos Aires) pero que el diputado “integra desde hace casi 14 años una estructura societaria de tenencia de bienes inmuebles cuya omisión declarativa constituye uno de los hechos más graves”.
Advierte que Santurio omitió declarar ante la OA “la estructura societaria, en la que el denunciado participa como condómino (...) y por la que presuntamente percibe rentas locativas desde hace más de una década”.
El "condominio" a su nombre se creó en 2012 y comenzó a operar en 2013. Según la denuncia de Pagano, Santurio omitió declarar la participación societaria en el condominio; el porcentaje de copropiedad del denunciado sobre los bienes que administra; los bienes inmuebles propiedad del condominio o sobre los cuales se ejerce gestión locativa; las rentas percibidas, totales ni proporcionales al porcentaje del denunciado; los flujos de fondos entre el condominio y el patrimonio personal del declarante". Configuraría entonces el delito de omisión maliciosa y persistente de datos esenciales en declaración jurada patrimonial pública.