Luis Caputo salió este viernes a explicar y defender el nuevo “Súper RIGI” anunciado por Javier Milei, un esquema de beneficios extraordinarios para grandes inversores que el Gobierno enviará al Congreso en medio de una economía que sigue sin mostrar señales claras de recuperación en el consumo, el empleo y la producción. El ministro detalló que el proyecto incluirá Ganancias al 15 por ciento, amortización acelerada de inversiones y nuevas exenciones impositivas y cambiarias para sectores vinculados a la transición energética y las nuevas tecnologías.
La iniciativa aparece además en un contexto de creciente tensión política y económica, con el oficialismo intentando instalar una agenda de megaproyectos e inversiones multimillonarias mientras distintos sectores industriales continúan registrando caídas de actividad, cierres y pérdida de puestos de trabajo. Según Caputo, el nuevo régimen podría atraer inversiones por hasta 140.000 millones de dólares en los próximos años.

El titular de la cartera de Hacienda también intentó enmarcar el anuncio dentro del escenario internacional. Afirmó que durante las reuniones del G20 la Argentina fue presentada como un “ejemplo” de ajuste económico y remarcó que, de acuerdo la mirada del Fondo Monetario Internacional, el país sería el único integrante del bloque que combina superávit fiscal y energético.
La principal diferencia respecto del RIGI aprobado junto a la Ley Bases pasa por la magnitud de las exenciones tributarias. Mientras el régimen actual redujo la alícuota de Ganancias del 35 al 25 por ciento para grandes proyectos, el “Súper RIGI” llevaría ese impuesto al 15 por ciento.
Además, el esquema incorporará una amortización acelerada de inversiones que permitirá descontar el 60 por ciento de los desembolsos en el primer año, 20 en el segundo y el restante 20 en el tercero. Según explicó el ministro, el objetivo es mejorar la competitividad de actividades que compiten con países que tienen menores cargas tributarias y mayor estabilidad macroeconómica.
El proyecto también contempla arancel cero para importar insumos vinculados a la producción y retenciones cero para las exportaciones derivadas de esos proyectos. A su vez, el Gobierno busca limitar la carga tributaria provincial y municipal: las provincias que adhieran no podrán cobrar Ingresos Brutos superiores al 0,5 por ciento y las tasas municipales no podrán recaer sobre las actividades alcanzadas.
Caputo además mencionó especialmente al cobre, el litio y la fabricación de autos eléctricos como algunos de los sectores apuntados por el nuevo régimen. En ese sentido opinó que la creciente demanda global impulsada por la electrificación y la inteligencia artificial abre una oportunidad para desarrollar cadenas de valor que actualmente no existen en el país.
El funcionario incluso habló de proyectos individuales de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares vinculados al refinamiento y procesamiento de cobre o a la industrialización del litio. En términos fiscales, defendió la lógica de reducir impuestos bajo el argumento de que esas industrias hoy no generan recaudación porque directamente no están desarrolladas en la Argentina.
Sin embargo, el anuncio volvió a despertar cuestionamientos sobre el costo fiscal y cambiario de este tipo de beneficios extraordinarios. El RIGI original ya había otorgado ventajas inéditas para grandes inversores, incluyendo reducción de Ganancias, retenciones cero, eliminación de exigencias de compre nacional y flexibilización en el manejo de divisas.
De hecho, el esquema vigente permite que las empresas liquiden solamente el 80 por ciento de las divisas en el primer año y el 60 en el segundo. Desde el tercer año, incluso, pueden dejar dólares fuera del país o remitir utilidades al exterior sin restricciones luego de ingresarlas.
Pero más allá de que las divisas son vitales para la economía argentina, estos sectores no son generadores intensivos de mano de obra. De hecho, energía, agro y finanzas, los grandes ganadores del actual esquema económico, explican apenas el 10 por ciento del empleo registrado.
Industria, Construcción y Comercio, que concentran la mitad del empleo privado formal y más del 50 por ciento del Producto Bruto Interno continúan mostrando caídas de actividad. Ese deterioro explica buena parte de los más de 300 mil puestos de trabajo registrados perdidos y las más de 22 mil empresas que dejaron de operar desde noviembre de 2023.
El desempleo pasó del 5,7 al 7,5 por ciento, en un contexto donde además se profundizó la precarización laboral y el deterioro salarial. En ese marco, el “Súper RIGI” volvió a funcionar como una apuesta política del Gobierno para instalar expectativas de inversiones futuras y mostrar un horizonte de crecimiento mientras la economía real sigue lejos de recuperarse.