La explicación técnica estuvo a cargo del senador Jorge Capitanich. Se resaltó que los beneficiarios del Régimen son los usuarios residenciales de bajos ingresos, quienes podrían acceder a una reducción del 50%; los usuarios residenciales de ingresos medios, con un 35%; y las entidades de bien público, también con 35%. En su articulado, el proyecto señala que “El Régimen no fija topes de kilovatiohora subsidiados por bloque de consumo”, y que las reducciones se aplican “sobre la totalidad del consumo registrado en cada período de facturación, sin distinción de tramos. Además, los aumentos no podrán superar el Coeficiente de Variación de Salarios del INDEC, ni el Índice de Precios al por Mayor. La alícuota del IVA será del cero % para los usuarios y entidades que no cuenten con acceso a la red de gas natural domiciliario. 
En cuanto al costo de aplicación, será afrontado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) y a través del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas de Usuarios Finales (FCT), con aportes de las empresas distribuidoras de las provincias que integran el Norte Grande. 
El proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía por medio de la Secretaría de Energía, en conjunto con los entes regulatorios de cada una de las provincias. Entre los fundamentos figuran el acceso a la energía como derecho humano, y el mandato constitucional de proveer un crecimiento armónico entre las distintas regiones del país, y su población. 
El senador José Mayans señaló que el proyecto se enmarca en un contexto de fuerte atraso salarial en las provincias, que impacta directamente en el consumo y la recaudación. “Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y también a las pymes. Incluso hay quienes se ven obligados a colgarse del servicio”, advirtió.En ese sentido, cuestionó al Gobierno Nacional por su falta de respuesta frente a la situación del sector laboral: “Los jubilados no tienen expectativas de mejora. Este proyecto representa un alivio concreto”.
Además, reafirmó la posición del peronismo: “Creemos en la justicia social como base de la dignidad de las personas. Hay que valorar el esfuerzo del trabajador, de las micro y pequeñas empresas. Estamos ante una emergencia nacional y es necesario corregir el rumbo”.La senadora catamarqueña Lucía Corpacci explicó que la iniciativa surge del trabajo de unificación de distintos proyectos. “El Gobierno Nacional eliminó todos los subsidios y eso vuelve inviable la situación para las provincias del norte, especialmente por las altas temperaturas que enfrentamos. Hay gente que no tiene otra opción que colgarse de la luz”, expresó. 
Además, señaló el impacto en el entramado social: “Los clubes de barrio no pueden sostenerse cuando reciben las boletas del servicio”. Finalmente, remarcó el rol del Congreso: “Tenemos la responsabilidad de dar esta batalla, presentar leyes y construir los consensos necesarios”.
Por su parte la riojana Florencia López destacó que en su provincia las temperaturas en verano no bajan de los 40 grados. “Somos más de 10 millones de personas que sufrimos el aumento de tarifas. Queremos llevar justicia a las provincias del interior”. Remarcó que hubo una decisión política del Gobierno Nacional que llevó a elevar el precio de las tarifas, porque fueron liberadas por le Ley Bases. 
Capitanich destacó que el Norte Grande argentino está conformado por 10 provincias, lo que representa un tercio de la superficie de la argentina y  el 20 % de la población. Cerca de 10 millones de habitantes que sufren altas temperaturas de noviembre hasta abril. Jorge Capitanich explicó que el proyecto busca “hacer uso de las atribuciones constitucionales para una asistencia de igualdad de oportunidades para la región. Están excluidos los que tienen bienes inmuebles, automóviles e ingresos mayores a tres canastas básicas”, y que se trata de un “régimen permanente, no por consumo sino por ingresos”.
“Los clubes no pueden pagar la luz; los jubilados tienen que optar entre comer, pagar la luz o comprar los medicamentos. Los salarios públicos tienen una reducción del 30%. Muchas empresas distribuidoras de base estatal tienen problemas de financiamiento”, agregó.Capitanich ponderó el consenso del bloque, ya que se trata de “un proyecto unificado de 20 artículos que toma las mejores iniciativas de todos los proyectos para lograr los consensos. Es una herramienta que permitiría resolver el problema energético. Hay muchos problemas para industrias y productores en materia de energía”.
Capitanich sostuvo que están cerrando 25 mil PyMEs y que el sector productivo sufre tanto como los usuarios residenciales. “La situación es grave, hay que buscar soluciones. Estamos buscando la solidaridad en el Congreso, que es una solución estructural de largo plazo para el pueblo argentino del Norte Grande”.
Además, criticó fuertemente al Gobierno de Javier Milei, al sostener que la crítica situación energética, junto a las dificultades de ingresos de la población, es producto de la delegación de facultades al Ejecutivo, lo que redundó en una desregulación del sistema, un aumento de los precios y un castigo a las familias.
Por último, explicó la situación de creciente endeudamiento de las familias argentinas: “Esto es un mecanismo que está quebrando a las familias argentinas; estamos quebrando el bolsillo de las familias argentinas, lo que afecta la cadena de pagos. Ya desembocó en Argentina en el 2001”.