El sistema previsional registra actualmente una relación de solo dos empleados registrados por cada jubilado. Esta proporción se ubica por debajo del umbral de tres aportantes necesarios para garantizar el equilibrio financiero de la estructura de seguridad social.


La precarización del mercado de trabajo explica este fenómeno tras un desplazamiento masivo hacia el monotributo. Según un informe de la consultora Focus Market, mientras en 2005 el 82% de la fuerza laboral aportaba al sistema bajo el régimen general, la cifra cayó al 69% al cierre de 2025 por el aumento de trabajadores independientes.
La diferencia en la capacidad de financiamiento entre categorías resulta determinante para las cuentas públicas. Se requieren 2,3 asalariados en blanco para costear una jubilación mínima, mientras que son necesarios 24 monotributistas para cubrir ese mismo beneficio previsional.

El esquema actual refleja una pérdida neta de tres millones de empleos formales en las últimas dos décadas. Los cinco millones de trabajadores bajo regímenes simplificados no logran compensar la sangría en la recaudación del Sistema Previsional Argentino (SIPA).
La situación se agrava por el desempeño dispar de los sectores económicos. La industria y la construcción, que sostienen casi la mitad del empleo privado formal, registran bajas en su actividad frente al crecimiento de rubros con baja demanda de mano de obra como el agro y la minería.
Ante la falta de recursos genuinos por aportes, el Estado nacional financia el 40% de las 6.000.000 de jubilaciones vigentes. El déficit se cubre a través de impuestos con asignación específica y transferencias directas de fondos desde el Tesoro Nacional.
El desajuste estructural del sistema se traslada al poder adquisitivo de los beneficiarios. La brecha entre ingresos y egresos se intenta cerrar mediante el efecto de la inflación y una reducción constante de los haberes en términos reales.