El fiscal Pedro Simón de Santiago del Estero pidió este viernes la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y de su tesorero Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. El letrado argumentó que Tapia y Toviggino habrían usado empresas de este último "como fachada y para ejecutar negocios ilícitos" con dinero de la AFA dentro y fuera de esa provincia, de la cual Toviggino es oriundo. Ordenó además detener a 24 personas en total, donde habría familiares e hijos del tesorero de la AFA, a excepción de dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclamó también la inhibición general de bienes para todos.
La investigación sostiene que se trató de una maniobra sistemática que habría operado entre 2018 y 2026, con una estructura organizada destinada a desviar dinero de la institución. En total, el dictamen detalla que la AFA habría transferido más de 3.600 millones de pesos a firmas como SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus, todas éstas integradas por allegados al tesorero. De acuerdo con la fiscalía, estas sociedades emitían facturas por servicios que no se prestaban y luego realizaban operaciones internas para dificultar el rastreo del dinero, en una operatoria que buscaba simular legalidad.
La investigación también apunta a la existencia de testaferros que habrían asumido la titularidad formal de bienes que, en realidad, pertenecerían a Toviggino. Entre ellos se mencionan propiedades de alto valor, como una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares, además de al menos 35 inmuebles en Santiago del Estero, vehículos e inversiones financieras registradas a nombre de distintas sociedades vinculadas.
  El fiscal consideró a Toviggino como el presunto jefe de la organización, mientras que a Tapia le atribuyó haber convalidado las maniobras al autorizar transferencias con conocimiento de su destino. La causa, iniciada en diciembre de 2025 tras una denuncia particular, ahora quedó en manos del juez Guillermo Díaz, quien deberá resolver sobre los pedidos de detención, allanamientos y otras medidas, en un expediente que también se vincula con otra investigación en curso en la provincia de Buenos Aires.
El fiscal ordenó las detenciones por riesgo de fugaEl fiscal Simón pidió la detención de todos los indagados por riesgo de fuga y porque los delitos atribuidos poseerían una pena mínima de ocho años de prisión que prevén una condena efectiva. "Existen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento", aseguró el propio fiscal.

Toviggino y Tapia ya se encuentran bajo investigación en otra causa que se desarrolla en la ciudad bonaerense de Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. En este contexto, la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si el expediente regresa al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o continúa tramitándose en ese juzgado.