El Poder Ejecutivo Nacional interpuso un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema para lograr la aplicación efectiva de la reforma laboral aprobada por el Congreso. La Procuración del Tesoro de la Nación quiere acelerar el trámite judicial, tras la suspensión cautelar de más de 80 artículos clave.

La medida del Gobierno intenta revertir el fallo dictado por un juez del fuero laboral que frenó gran parte de la normativa a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta estrategia de salto de instancia pretende agilizar una resolución favorable para la administración actual.
En el escrito de 40 páginas, el Estado sostuvo que el magistrado actuó sin competencia y que la cautelar viola el principio de división de poderes. Según informó TN, el documento cuestiona que se suspenda una ley del Congreso con efectos generales para todos los habitantes del país.

La Procuración remarcó que la CGT impugnó diversos artículos "sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado". Para los representantes del Gobierno nacional, la mera vigencia de la norma no genera un daño actual que justifique la intervención de la Justicia.
Entre los puntos frenados aparecen cambios en las indemnizaciones, modalidades de contratación, bancos de horas y límites a las contribuciones sindicales. La central obrera argumentó que estas disposiciones vulneran derechos fundamentales consagrados específicamente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, entidad desde la que se dispuso la suspensión de parte de la ley, aseguró que "es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria", tras firmar la sentencia que paralizó la reforma laboral.
El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, logró que la jueza Macarena Marra Giménez acepte el planteo de inhibitoria sobre el caso. La magistrada ordenó el traslado del expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal al considerar que se trata de un conflicto contra el Estado.
Mediante el escrito, el Gobierno denunció arbitrariedad en la sentencia previa por fundarse en "afirmaciones meramente dogmáticas" y no tener en cuenta los argumentos oficiales.