En cuanto a la situación climática, Frías explicó que las intensas lluvias afectaron principalmente a localidades del Impenetrable como Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y zonas cercanas, donde la crecida de ríos y el mal estado de los caminos generan complicaciones en la circulación. Si bien Miraflores no presenta un escenario crítico, se mantiene la preocupación por el estado de los caminos de tierra que conectan los parajes rurales, aunque el acceso principal a la localidad se encuentra asfaltado.En el plano económico, la funcionaria señaló que el municipio atraviesa un contexto complejo debido a la caída de la coparticipación, cercana al 30%, lo que obliga a priorizar el pago de sueldos municipales por sobre otras obligaciones, como proveedores. Esta situación impacta también en el comercio local, donde se registra una notable baja en el consumo.En materia social y sanitaria, destacó el rol clave del municipio ante la falta de medicamentos en el hospital, lo que lleva a muchos vecinos a solicitar asistencia. Además, se garantiza el traslado semanal de pacientes hacia otras ciudades para consultas con especialistas, debido a la falta de profesionales en la localidad.A esto se suma la preocupación por la posible eliminación del Plan Remediar, lo que incrementaría la demanda sobre el municipio. También se mencionaron las dificultades que enfrentan muchas familias para afrontar el pago del servicio eléctrico, lo que genera una mayor necesidad de asistencia social.Por otra parte, Frías remarcó la importancia de mejorar la difusión de programas y beneficios, ya que en muchos casos los vecinos no logran inscribirse a tiempo por falta de información.En relación al conflicto por el Lote 88, la secretaria de Gobierno informó que el intendente realizó una presentación judicial el 31 de marzo, fecha límite establecida para avanzar en la escrituración de tierras. Sin embargo, el gobierno provincial decidió no concretar dicha medida.Ante esta situación, el municipio y el Concejo Deliberante presentaron su postura ante la Justicia, acompañando la decisión provincial y señalando que el cuerpo legislativo local no había sido convocado previamente a participar en el proceso.Asimismo, se puso en duda la representatividad de la asociación involucrada, indicando que no contaría con reconocimiento del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). En este marco, se destacó la necesidad de resguardar a las aproximadamente 600 familias que habitan el lugar.Como alternativa, el gobierno propuso la reubicación de estas familias en terrenos cercanos, a unos cinco kilómetros de Miraflores, propuesta que cuenta con el acompañamiento del municipio. Actualmente, se aguarda la resolución judicial.En cuanto a infraestructura, Frías mencionó la expectativa por una inversión cercana a 30 millones de dólares destinada a obras de pavimentación, lo que permitiría mejorar la conectividad hacia parajes cercanos como La Sanchera, ingresando por Miraflores, una obra considerada clave para el desarrollo regional.Finalmente, también se plantearon reclamos desde el periodismo del interior por la falta de acceso a funcionarios provinciales y cobertura de actividades oficiales, señalando la necesidad de mayor apertura en la comunicación.A pesar de las dificultades, la funcionaria reafirmó el compromiso del municipio de continuar trabajando diariamente para acompañar a la comunidad y gestionar soluciones en un contexto económico y social desafiante.