En un hecho sin precedentes, los trabajadores de Cancillería hicieron público su rechazo a la decisión de Pablo Quirno y Javier Milei de trasladar las bases de la Antártida Carlín y Brown a la orbita del ministerio de Defensa.
En una carta abierta, a la que tuvo acceso LPO, el personal de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico Argentino cuestionó la decisión oficial de avanzar en el cambio de administración de las bases y advirtió sobre riesgos para la ciencia y la posición internacional del país.
El documento plantea que "en el marco del 122° aniversario de la presencia ininterrumpida de la República Argentina en el Continente Antártico y de los 75 años de la fundación del Instituto Antártico Argentino, quienes suscribimos, trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y del Instituto Antártico Argentino (IAA), expresamos públicamente nuestro más enérgico rechazo al "inminente" traspaso de la Administración de las Bases Antárticas Carlini y Brown, así como de las demás instalaciones actualmente bajo la órbita de la Cancillería, hacia el Ministerio de Defensa para su operación por parte del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR)". 
El documento cuestiona que, bajo el argumento de reorganizar la logística -función que reconocen debe estar en manos de las Fuerzas Armadas-, se avance hacia una transferencia más amplia que incluye la administración, planificación y control de las actividades antárticas, competencias que por ley corresponden a la Dirección Nacional Antártida. 
En Cancillería afirman que el Programa Antártico atraviesa la peor crisis en décadas
Según señalan, este proceso no surgió de una necesidad técnica ni de un pedido interno del organismo, sino que se gestó desde 2024 en un contexto de "debilitamiento institucional" y cambios de autoridades. 
En ese contexto, el texto continúa: "Advertimos con preocupación que este traspaso administrativo configura una militarización de hecho. La creciente desproporción entre personal militar y científico, la posible pérdida de la última jefatura de base civil bajo órbita de la Cancillería y decisiones administrativas que desplazaron la experiencia técnica acumulada constituyen señales alarmantes". 
"A ello se suma la designación de perfiles provenientes del ámbito del Ministerio de Defensa  en áreas estratégicas de conducción, en el marco de la actual gestión de la Secretaría de Malvinas a cargo de Paola Di Chiaro, y con la incorporación de asesores militares ad honorem como Máximo Pérez León Barreto, lo que profundiza el corrimiento del eje civil que hasta el día de hoy caracteriza a la autoridad antártica argentina", agrega.
En ese marco, sostienen que las decisiones fueron impulsadas por áreas políticas de la Cancillería en coordinación con el Comando Conjunto Antártico, sin un debate estratégico amplio. Uno de los ejes centrales de la crítica es el riesgo de una "militarización de hecho" de la política antártica argentina. 
Trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y del Instituto Antártico Argentino (IAA), expresamos públicamente nuestro más enérgico rechazo al "inminente" traspaso de la Administración de las Bases Antárticas Carlini y Brown, así como de las demás instalaciones actualmente bajo la órbita de la Cancillería, hacia el Ministerio de Defensa para su operación por parte del Comando Conjunto Antártico 
Los firmantes advierten sobre una creciente preponderancia del personal militar por sobre el científico, la posible pérdida de jefaturas civiles en las bases y la adopción de criterios propios de la doctrina militar, como la denominación de "bases conjuntas". "La Dirección Nacional del Antártico no es una dependencia administrativa más, sino la autoridad de aplicación ante el Sistema del Tratado Antártico", subrayan. 
En ese sentido, recuerdan que "el traslado del organismo a Cancillería en 2003 respondió a una decisión estratégica para reforzar el carácter civil de la política antártica, en línea con los principios de cooperación internacional y uso pacífico del continente". 
Los trabajadores también alertan sobre el impacto que el cambio podría tener en la actividad científica. Denuncian la cancelación de campañas preparatorias en los últimos años, problemas logísticos recurrentes y la posible reducción de plazas para investigadores, lo que podría traducirse en una menor producción científica nacional.