Un alumno de 15 años llevó una escopeta a su escuela en San Cristóbal, Santa Fe, y le disparó a otros estudiantes. Un chico de 13 años murió por los disparos y ocho tuvieron que ser hospitalizados. En Argentina no ocurre un hecho similar desde hace 22 años, con el caso de "Junior" en Carmen de Patagones en 2004. En conversación con Página/12, especialistas en seguridad advirtieron que el hecho ocurre en un contexto de flexibilización en las políticas de control de armas de fuego impulsadas por el gobierno de Javier Milei, acompañado por un creciente discurso en favor de la tenencia de armas que sostienen el presidente y funcionarios de primera línea, como Patricia Bullrich.
“El riesgo de morir en un tiroteo en la escuela es un peligro que el gobierno agudizó directamente con sus políticas y con su discurso”, dijo a este diario Julián Alfie, miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Alfie recordó que el gobierno bajó la edad mínima de tenencia de armas de 21 a 18 años; habilitó mecanismos de acceso exprés a armamentos y también al uso de fusiles semiautomáticos; y desarticuló la Agencia de Control de Armas de Fuego.

El episodio también reactivó la discusión sobre la nueva Ley Penal Juvenil, que no puede ser aplicada para este caso porque entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, que fue el 9 de marzo. “Incluso si pudiera aplicarse, no resolvería nada”, señaló Claudia Cesarioni, abogada y magíster en Criminología.
El hecho
El episodio ocurrió cerca de las 7.20 en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, municipio del oeste de Santa Fe que tiene una población de 15 mil habitantes. Según el relato de estudiantes y docentes que se encontraban allí, el adolescente llevó la escopeta en la funda de una guitarra, empezó a disparar en el patio interno de la escuela, en donde se encontraba la mayor parte de los alumnos para izar la bandera, y después siguió en el baño de varones. Un preceptor logró desarmarlo, mientras los y las estudiantes escapaban. Uno de ellos, Ian Cabrera, de 13 años, murió al recibir un disparo.
“Sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”, relató una alumna de quinto año en una entrevista radial. También detalló que “había chicos heridos no sólo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”.
“Estábamos en el colegio y él le preguntó a un compañero dónde quedaba el baño de varones. Cuando va al baño se escucha el primer estruendo”, contaron compañeros del adolescente, que lo describieron como “tranquilito” y subrayaron que nunca molestaba a nadie, de modo que no imaginaban que podía llegar a hacer lo que hizo.
Ocho chicos tuvieron que ser hospitalizados. Seis fueron atendidos en la guardia del hospital de San Cristóbal y dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela Dr. Jaime Ferré. Uno de ellos, de 13 años, fue trasladado al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la capital provincial y en la noche de este lunes se encontraba en la Unidad de Cuidados Especiales para ser monitoreado, por el momento sin la necesidad de una intervención quirúrgica. El otro continúa en la sala de internación general del Hospital de Rafaela, con una “evolución estable de sus lesiones superficiales”, según indicaron desde la institución a la prensa.
La Policía de Santa Fe identificó al abuelo del adolescente que disparó y dijo que la escopeta era suya, y que hasta el domingo a la noche estaba en su casa. La investigación está a cargo de la fiscal de menores Carina Gerbaldo y del fiscal Mauricio Spinosa, ambos de la Fiscalía Regional de Rafaela.
Flexibilización en el acceso a armas y punitivismo
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo durante la mañana del lunes que un grupo de ministros se iba a dirigir a San Cristóbal para “contener a la familia y la comunidad educativa, y para activar el proceso penal sobre el victimario de este hecho”. Esta frase fue leída por muchos medios de comunicación como un gesto que apuntaba a aplicar el nuevo régimen penal juvenil. Horas más tarde, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que el adolescente “no es punible”.
En conversación con Página/12, Cesaroni explicó que “no se puede aplicar la Ley Penal Juvenil porque entra en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, que fue el 9 de marzo”. La especialista explicó que “la provincia de Santa Fe tiene un sistema procesal penal juvenil que sí está vigente, anterior a la ley nacional que permite que intervenga un juez penal para hacer una investigación. Es decir, se puede hacer una investigación interdisciplinaria para que se esclarezca el caso, pero no se puede aplicar una pena al adolescente”.
Cesaroni sostuvo que incluso de poder aplicarse esta nueva ley penal y aplicar una pena de prisión contra el adolescente, “no se repararía nada porque implica llegar tarde: no resuelve el dolor de la familia de la víctima ni indagaría en la causalidad que hizo que un pibe de 15 años decidiera ingresar a la escuela, disparar y matar a un compañero, que incluso podrían haber sido más”.
Julián Alfie hizo hincapié en el mismo aspecto al afirmar que “si le diéramos a elegir a los chicos que sufrieron esta situación qué tipo de postura querrían que tomara el Estado, seguramente dirían que un Estado que no esté pensando en cómo castigar a un chico de 15 años, sino que fuera capaz de identificar y evitar que las armas de fuego lleguen a manos de chicos de su edad para que no vuelva a ocurrir algo así”.
Para el integrante de la Red Argentina para el Desarme (RAD), el gobierno “se queda con este discurso demagógico que apunta al castigo, y no toma decisiones que apunten a evitar este tipo de tragedias. Más bien todo lo contrato: tomaron decisiones de flexibilización para el acceso a armas de fuego que promueven y facilitan que sucedan este tipo de tragedias”.
“No es casual que después de 22 años estemos hablando de un chico muerto en una escuela por el uso de un arma de fuego”, advirtió Alfie. El caso anterior fue en 2004 en Carmen de Patagones. “En 2006 se declaró la emergencia nacional en materia de violencia con armas de fuego y comenzó un proceso de políticas públicas que se convirtieron en una política de Estado, que se mantuvo durante veinte años, incluso con gobiernos de distinto signo político. Hoy, cuando esa política empieza a desmantelarse, empezamos a ver las consecuencias”, agregó.
Sumado a las políticas de flexibilización para el acceso de armas, Alfie destacó la gravedad de que las figuras principales del gobierno promuevan el uso de armas. “Las cabezas de este gobierno como el presidente, Javier Milei, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la exministra de Seguridad y ahora senadora Patricia Bullrich han dicho que las personas que quieren andar armadas deberían poder hacerlo.
En la misma línea, la investigadora del Instituto Gino Germani y del Instituto de políticas sobre delito, seguridad y violencias En Foco, Mariana Galvani, sostuvo que “si hay más armas circulando, va a haber más incidentes”. “Cuando una persona tiene un arma, el conflicto se resuelve entre la vida y la muerte. Esto se ve en Estados Unidos, que tiene una alta tasa de homicidios y muchos problemas con el uso de armas de los pibes. El gobierno imita esa misma lógica, contra toda evidencia”.