Según confirmaron fuentes oficiales, la audiencia será encabezada por el fiscal especializado en temática de Género, Jorge Cáceres Olivera, y se llevará a cabo en las Fiscalías de Investigación Penal ubicadas sobre avenida 9 de Julio 236, en la ciudad de Resistencia.
La causa se inició tras la muerte de la estudiante, quien, de acuerdo al testimonio de sus familiares, venía atravesando reiterados episodios de bullying en la Escuela de Educación Técnica N°16 "Primero de Mayo". La situación, aseguran, había sido advertida con anterioridad a las autoridades escolares sin que se adoptaran medidas efectivas.

La madre de la joven fallecida declarará el martes 31 en la causa por el bullying fatalReclamos, denuncias previas y falta de respuestasDías atrás, familiares y allegados de la joven se manifestaron frente a la institución educativa para exigir respuestas. En el lugar también se hizo presente un supervisor del Ministerio de Educación, mientras personal policial informaba sobre las actuaciones en curso.
Rocío, prima de Fernanda, fue una de las voces más firmes durante el reclamo. En diálogo con NORTE, apuntó contra la conducción de la escuela y denunció la falta de intervención pese a las advertencias previas. "Ya habíamos ido al Ministerio de Educación y nos dijeron que iban a intervenir, pero no pasó nada hasta que vinimos a reclamar", señaló.
Según su relato, existía un acta firmada el año pasado en la que se detallaban situaciones de acoso escolar que involucraban a varios estudiantes. "Figuran nombres de nueve chicos y no hicieron nada. El director dijo que iba a cortar el problema de raíz, pero nunca pasó", sostuvo.
La joven también cuestionó posibles medidas administrativas que, según trascendió, podrían limitarse al traslado del directivo. "No queremos que lo trasladen, queremos que no trabaje más. Ya había una denuncia anterior y tampoco actuó", afirmó.
De acuerdo a lo expuesto por la familia, el hostigamiento hacia Fernanda no solo se daba dentro del ámbito escolar, sino también a través de redes sociales y grupos de mensajería. "Le decían cosas muy graves, incluso que se tenía que quitar la vida. Eso estaba en el acta", denunció Rocío.
El impacto emocional en la adolescente, aseguran, era evidente. "Estaba medicada porque no podía dormir, tenía crisis. Yo venía a la escuela a acompañarla porque tenía miedo", relató.
En ese contexto, los familiares denunciaron una falta total de contención institucional. "Nunca hubo reuniones con los padres de los otros chicos. Todo quedó dentro de la escuela. En el Ministerio nos dijeron que no estaban al tanto", expresó.
También cuestionaron el accionar del equipo psicopedagógico. "Nos dijeron que ella era ‘una persona fallada’. ¿Cómo pueden decir algo así?", lamentó la joven.
La familia sostiene que no se trata de un caso aislado y advierte sobre situaciones similares dentro de la institución. "Tenemos mensajes y denuncias de otros alumnos. Hay chicos medicados que no quieren hablar por miedo", aseguró.
Mientras avanza la investigación judicial, el caso reabre un debate urgente sobre el abordaje del bullying en las escuelas, la responsabilidad de las instituciones educativas y la necesidad de implementar medidas concretas para prevenir situaciones de violencia entre estudiantes.