El Gobierno nacional avanza con una jugada clave en materia institucional y enviará este miércoles 60 pliegos al Senado con el objetivo de cubrir vacantes en la Justicia federal. La decisión apunta a acelerar nombramientos en un esquema que, según el diagnóstico oficial, viene funcionando con limitaciones por la falta de jueces, fiscales y defensores.
El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que el Ministerio de Justicia ya tiene listo el paquete de nominaciones. “El Ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguiré enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante”, sostuvo el funcionario.
Desde el Ejecutivo remarcan que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a recomponer el funcionamiento del sistema judicial. En esa línea, Adorni planteó que la Justicia ocupa un rol central dentro de la gestión. “Para el gobierno la justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía”, afirmó.
El planteo oficial incluye además un diagnóstico crítico sobre el estado actual del Poder Judicial. Según detalló el jefe de Gabinete, la estructura funciona con un nivel de vacantes elevado que impacta directamente en su desempeño. “Hoy 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60% de capacidades y responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”, explicó.
En ese marco, el funcionario también cargó contra administraciones anteriores por el modo en que se manejaron las designaciones. Según señaló, el proceso estuvo condicionado por intereses políticos que frenaron la cobertura de cargos. “Durante demasiado tiempo la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina”, aseguró.
Con este movimiento, la Casa Rosada busca mostrar un cambio de rumbo y acelerar un proceso que considera clave para mejorar el funcionamiento institucional. La apuesta oficial está puesta en avanzar con nuevas designaciones para reducir vacantes y fortalecer la confianza pública en el sistema judicial.