Enmarcado en el acuerdo comercial y geopolítico con los Estados Unidos, el Gobierno avanza en diálogo con la Mesa de Enlace y multinacionales para la modificación de la ley de semillas y otras normativas similares. Se trata de un conjunto de normas que regulan el uso de las semillas y los cultivos que son ampliamente defendidas por los productores locales y sus agrupaciones pero fuertemente cuestionadas por las empresas privadas que operan a nivel internacional y comercializan sus productos genéticamente modificados.




Funcionarios del ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegguer y de la secretaría de Agricultura de Sergio Iraeta mantienen una discreta agenda de reuniones con los distintos sectores para consensuar los cambios, evitar que exista un boicot a las modificaciones que forman parte de las exigencias a las que la Argentina se comprometió con Estados Unidos y generar rispideces con un sector ideológicamente aliado a Javier Milei.

El pacto firmado con la administración de Donald Trump implica textual un “compromiso de eliminación de criterios restrictivos para el examen de patentes biotecnológicas”. Además le exige al Gobierno a enviar al Congreso la adhesión al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV – Acta de 1991) antes de fines de 2027. Este último punto es el que más resistencias genera de manera unificada en el agro local. Ese acuerdo es señalado como altamente restrictivo y obligaría a los productores a terminar con prácticas instaladas en como guardar semillas para volver a sembrarlas. Fue motivo de diversas discusiones en Expo Agro. 
Es justamente debido a las resistencias de este sector electoralmente afín al Gobierno que buscan una nueva normativa de consenso que permita dejar satisfechas a ambas partes. La modificación implicaría que ante cada siembra el productor deba pagarle a la empresa que le proveyó las semillas originalmente. Tanto en el ministerio de Sturzeneguer como en el lobby multinacional mencionan que por la falta de protección a las patentes de las semillas transgénicas, el país no logra aumentar su capacidad productiva pese a que cuenta con los recursos humanos y la capacidad de investigación. “La soja en argentina tiene un rinde del 0,6 y en EEUU del 1,1. Las condiciones climáticas y naturales tienen que ser estudiadas de manera local. Por eso el desarrollo científico se tiene que hacer acá. No se puede traer una semilla de la zona tropical de Brasil”, argumentan. 
Del lado contrario, las entidades nucleadas en la Mesa de Enlace ven que el efecto directo es el encarecimiento de la producción por un nuevo costo que se suma. “Primero discutamos las retenciones”, les contestan a los funcionarios que llegan con promesas de mayores volúmenes de exportación a largo plazo tras adquirir la tecnología. 
En el Gobierno aseguran que más del 70% de las semillas sembradas son “ilegales” mientras que las empresas buscan sus propios esquemas de fiscalización. De parte de las entidades se acercó una propuesta de pagar las patentes por investigación durante los primeros 3 años. Además se propone excluir a los productores por debajo de las 550 hectáreas, punto que la administración libertaria buscará cambiar. Ya hubo reuniones en la bolsa de cereales, en la muestra agropecuaria organizada por Clarín y La Nación y en abril el Consejo de Coninagro establecerá una posición unificada al respecto.