En 1985, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en realizar juicios civiles para llevar al banquillo a los culpables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. A medio siglo de este hecho histórico, los juicios continúan. Según datos oficiales del Ministerio Público Fiscal con información recopilada de todos los tribunales a cargo de los casos, fueron condenados unos 1.231 genocidas, desde la reapertura de las causas en el año 2006. Actualmente, 504 se encuentran detenidas por sus crímenes. Sin embargo, 425 gozan el beneficio de la prisión domiciliaria. Se trata del 84% de los casos.


De acuerdo a los datos aportados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente del Ministerio Público Fiscal, también hubo 250 personas absueltas, 172 a los que se les reconoció la falta de mérito, 102 sobreseídos y 76 que tan solo fueron indagados. Además, 1.257 de los genocidas ya fallecieron.
Por otra parte, la Procuraduría, a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, le informó a C5N que hoy existen 517 represores imputados y otros 292 procesados por la Justicia. En este sentido, hay 12 juicios que se están en curso actualmente.

Uno de estos juicios que se está llevando adelante en este momento es por el hecho conocido como la "Masacre de la calle Corro" en el cual murió María Victoria Walsh, la hija del emblemático periodista argentino Rodolfo Walsh. El pasado 18 de marzo se llevó al banquillo de los acusados a los seis exmilitares integrantes del Grupo 601 de Artillería Antiaérea del Ejército implicados: Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos.
El hecho sucedió el 29 de septiembre de 1976 en una casa ubicada en la calle Corro al 105 donde se encontraban varios militantes de Montoneros, en el barrio porteño de Villa Luro. Bajo las órdenes del coronel Roberto Roualdes, más de 150 agentes del Ejército, Gendarmería y la Policía Federal rodaron el domicilio con tanques, camiones y francotiradores. Durante dos horas, los represores usaron fusiles FAL y lanzagranadas para asediar a los cinco jóvenes que se encontraban en el lugar, entre ellos "Vicky" Walsh.


Los militantes lograron resistir, pero supieron que no tenían escapatoria por la abrumadora diferencia de fuerzas. Entonces, Vicky tomó una drástica decisión a sus 26 años de edad. Se asomó a la terraza con el camisón que vestía y se dirigió a los militares: "Ustedes no nos matan. Nosotros elegimos morir", dijo y, junto a sus compañeros, se llevaron una pistola a la sien y se quitaron la vida. Los otros muertos fueron Ignacio José Bertran, Alberto Molina Benuzzi, Ismael Salame y José Coronel.
Además, los represores se llevaron detenidas a una familia que apoyaba al grupo: Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, quienes luego recuperaron la libertad.
El juicio de la "Masacre de la calle Corro" es uno de los 12 que se están llevando adelante en este momento. Pero los seis acusados comenzaron la audiencia inicial en el Tribunal Oral Federal N° 7 desde sus hogares porque ellos también gozan de la prisión preventiva en sus domicilios y sin tobilleras electrónicas, según acusó la querella liderada por Patricia Walsh, hermana de "Vicky".

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también informó que actualmente hay unas 1.582 personas que están siendo investigadas y que se encuentran en libertad porque aún no fueron imputadas ni procesadas. Pero en el futuro próximo serán muchas más, ya que, días atrás, el abogado Pablo Llonto le presentó al juez Daniel Rafecas una investigación con una lista de 350 nuevos represores que participaron de las atrocidades cometidas durante la dictadura para que también puedan ser llevados al banquillo de los acusados.
"Estamos en una etapa en la que se siguen aportando cosas que nunca se habían aportado", describe Llonto, en diálogo con C5N. A continuación, pone un ejemplo: "El año pasado se hicieron unas excavaciones en el campo deportivo de River Plate y encontraron un auto destrozado. Pudieron dar con el número de chasis y, hace pocos días se identificó al dueño. Se lo citó y declaró; dijo que había estado secuestrado y que nunca había declarado. Esa persona, en algún momento de su vida, fue un desaparecido. Esto ocurrió la semana pasada, lo que indica que todavía hay mucho por hacer", asegura el abogado.
Llonto es uno de los abogados más importantes de Derechos Humanos en el país y, con seguridad, en el mundo. Siendo un joven letrado de 25 años, en 1985 empezó a colaborar con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en los juicios a las Juntas Militares y desde ese entonces estuvo involucrado en la gran mayoría de las causas que se llevaron adelante. En la actualidad, representa a 360 familias de desaparecidos durante la última dictadura en todo el país. Si bien gran parte de los genocidas que llevó al banquillo fueron condenados, muchos obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria.

Con respecto al otorgamiento de las prisiones domiciliarias, decididas por los diferentes tribunales orales federales que intervienen en las causas, Llonto explica que "la ley 'podrán acceder' y queda a interpretación de cada juez. Por eso hay tanta disparidad de criterios", dice el abogado sobre este beneficio que, en el caso de los genocidas, se solicita por la combinación por una edad avanzada que complica el estado de salud de los condenados.
"Hay uno que le dieron la prisión domiciliaria porque era la persona que tenía que cuidar a su hijo que tenía autismo. Es el caso de Martín Eduardo Sánchez Zinny", cuenta Llonto sobre el excarapintada que fue condenado por delitos de lesa humanidad contra cinco militantes del PRT-ERP vinculados a las revistas El Combatiente y Estrella Roja.
Para que un genocida pueda acceder al beneficio de una domiciliaria, una vez que su abogado defensor hace el pedido, se lo lleva al cuerpo médico forense de la Justicia donde se lo examinan. Además, las partes pueden poner sus propios peritos. Luego, se emiten los dictámenes correspondientes y el juez resuelve. "Pesa mucho la palabra de los médicos forenses, pero ha habido casos en los que le prestan atención a la defensa y, en otros, a la querella", cuenta Llonto en relación a un procedimiento que, según él, "no ha cambiado según el gobierno o contexto político".
"Está claro que van a hacer todo lo posible para duplicar su situación de enfermedad y tratar de mostrarse peor de lo que están para conmover a los peritos. Es una realidad. Luis Patti lo hizo", recuerda Llonto sobre uno de los torturadores favoritos de Ramón Camps, exjefe de la Policía bonaerense, y que asistía a las audiencias en una camilla.
Por otra parte, existieron casos de genocidas que violaron su prisión domiciliaria y se los vio "en el supermercado o tomando un café. Hemos tenido la suerte de que algún compañero lo vio y lo denunciamos", cuenta Llonto y recuerda el caso de Luis Tomás Trillo. Este exintegrante de la Fuerza Aérea que se dedicaba al espionaje condenado a 12 años de prisión había recibido el beneficio de la domiciliaria, pero se lo fotografió paseando a su perro. En ese caso, el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín le revocó el beneficio, pero Llonto asegura que "es un criterio personal de cada juez. En otros casos solo intimaron al represor para que no vuelva a cometer la falta", agrega.
"Debe haber un montón de casos de violación de domiciliaria que jamás nos enteramos", dice el abogado y explica que "no necesariamente utilizan pulsera o tobillera electrónica". "Nos informan que no hay la cantidad suficiente para todos los presos. No hay manera de comprobarlo; es de creer o reventar", remata Llonto.
Según la información aportada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, entre los 504 genocidas detenidos tan solo 79 se encuentran en diferentes establecimientos carcelarios. 61 de ellos están en la Unidad Penitenciaria N° 34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, en donde los represores gozan de condiciones de privilegio como cancha de tenis, clases de teatro, talleres de streaching, habitaciones individuales con televisión, un amplio salón de usos múltiples y un predio con un enorme espacio verde al cual pueden salir a caminar. Entre otros, allí se encuentra Alfredo Astiz, quien junto a los otros represores alojados en este lugar fueron visitados el año pasado por una comitiva de diputados de La Libertad Avanza.
Quiénes son los genocidas que tienen prisión domiciliariaLa Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se negó al pedido de C5N de otorgar la lista completa con los nombres de los genocidas condenados por sus crímenes cometidos durante la dictadura y que en la actualidad están cumpliendo su pena en prisión domiciliaria, a pesar de que signifique una información pública. Sin embargo, se consiguieron dar con varios nombres gracias al aporte de las diferentes organizaciones y querellas legales que intervienen en las causas judiciales, entre los que se encuentran casos tristemente emblemáticos como el de Luis Patti; Luis Guarrochena, uno de los exoficiales más importantes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno bonaerense y jefe del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Pozo de Banfield"; y Carlos Antonio Españadero, el exoficial de Inteligencia del Ejército que secuestró y torturó a las hermanas y primas Santucho cuando eran menores de edad.


Jorge Luis Guarrochena, exteniente de navío e integrante del Servicio de Inteligencia Naval, se lo condenó por ser coautor de 70 casos de privaciones ilegítimas de la libertad doblemente agravadas y 380 casos en los que la privación duró más de un mes, aplicación de tormentos, 191 homicidios, 44 casos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, cuatro violaciones, una en grado de tentativa y dos abusos sexuales deshonestos.
Guarrochena fue uno de los principales genocidas dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y logró ser identificado gracias a uno de los sobrevivientes que pasaron por el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio más grande de la dictadura.
Víctor Basterra, un obrero gráfico de Avellaneda que era utilizado como mano de obra esclava para la falsificación de documentos, le tomó una foto. Luego, este negativo pudo sacarlo del lugar y se lo aportó a la Justicia para la identificación de los genocidas. "Él (Víctor Basterra) comienza a sacar los negativos y los va dejando ocultos, de las fotos que había tomado y de todo lo que podía agarrar, y le iba a poniendo epígrafes que hoy tienen un valor probatorio impresionante", contó Félix Crous, el fiscal a cargo de la causa ESMA.

Por los crímenes cometidos contra al menos 399 personas, Guarrochena fue condenado a cadena completa. Sin embargo, hoy cumple la pena en su domicilio.
Eduardo David Lugo fue condenado por ser partícipe secundario del asesinato de 50 personas, además de la privación ilegítima de libertad y torturas cometidas a 370 víctimas en el exCentro Clandestino El Vesubio, que funcionó entre 1975 y 1979 en un predio del Servicio Penitenciario Federal, en el partido bonaerense de La Matanza, institución a la que pertenecía. Fue condenado a cadena perpetura por estos crímenes, pero hoy cumple la pena en su hogar.

Durante la dictadura, Jaime Lamont Smart se desempeñó como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y fue el primer civil condenado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese período. Este hombre recibió la pena de cadena perpetua por las atrocidades cometidas en el "Hogar de Belén", donde tres niños sufrieron abusos y vejaciones. Además, este excomisario fue el jefe del exCentro Clandestino "Pozo de Banfield". Hoy, cumple su condena en su casa.

Julio César Leston fue cabo cabo principal de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) de la Fuerza Aérea y se lo condenó a 25 años de prisión por su participación en el secuestro, tortura y exterminio de 111 personas en el exCentro Clandestino de "Mansión Seré". Hoy, cumple su pena en su domicilio.

Horacio Rafael Sánchez, exjefe de la Compañía Destino de la Escuela para Apoyo para el Combate “General Lemos”, fue condenado a siete años de prisión como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional, agravada por el empleo de violencia y amenazas, imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio del entonces conscripto Gerardo Morales, un perseguido político. Hoy, cumple su pena en su domicilio.

Florencio Gonceski, subayudante del Servicio Penitenciario Federal, fue condenado a prisión perpetua por ser coautor de 56 homicidios, 312 de casos de secuestros coactivos, 312 casos de tormentos agravados, 9 abusos agravados y 19 violaciones agravadas. Hoy cumple su pena en su casa.
Martín Rodríguez fue capitán en la División de Inteligencia del Ejército y fue condenado a cadena perpetua por privación ilegal de la libertad mediante violencia, amenazas e imposición de tormentos a perseguidos políticos y homicidio en el exCentro Clandestino de Campo de Mayo. Antes de ser llevado al banquillo de los acusados, fue profesor de la Universidad Católica Argentina hasta 2010. Hoy cumple su pena en su domicilio.

Luis Patti fue intendente de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, entre 1995 y 2003. Luego, intentó ser gobernador bonaerense en dos oportunidades, en 1999 y 2003, en donde quedó en tercero y segundo lugar, respectivamente. También fue electo Diputado Nacional en 2005, pero el Congreso no le permitió asumir a su banca por su participación en los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Patti se desempeñó como jefe de policía de la comisaría de Escobar, fue subcomisario de Pilar y llegó a comandar grupos operativos de la Unidad Regional de Tigre. Además, era uno de los torturadores favoritos de Ramón Camps, el jefe de la policía bonaerense. Al exintendente se lo condenó a cadena perpetua por el asesinato del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y el intento de homicidio de su secretario, Juan José Fernández. También fue considerado culpable como partícipe necesario del periodista Ricardo Giménez, del periódico El Actual.
Uno de los genocidas que intentó ser parte de la política durante la democracia fue también uno de los casos más emblemáticos sobre exageraciones sobre su estado de salud para intentar tanto para aliviar las condenas en su contra, como así también acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. En varias oportunidades se apareció en los tribunales en una camilla.
En la actualidad, Patti cumple su pena en un country de Escobar.


Néstor Ciaramella fue oficial de la Policía bonaerense y se lo condenó a 25 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el exCentro Clandestino de detención "Puente 12", ubicado en la localidad bonaerense de La Matanza, en los que participó de manera necesaria en el asesinato de 22 personas. En la actualidad, cumple la pena en su domicilio.
Carlos Antonio Españadero es uno de los personajes más siniestros de la última dictadura. Conocido como "Mayor Peña" o "Mayor Peirano", fue miembro del Ejército desde 1952 hasta 1970, cuando pasó a integrarse como civil al Batallón 601 de Inteligencia. La Justicia logró condenarlo por la privación ilegítima de la libertad y torturas en 17 casos, entre los que se encontraron las hermanas Ofelia y María Santucho, sobrinas de Mario Roberto Santucho, lider del PRT-ERP.
Españadero estaba obsesionado con el PRT-ERP y, tal es así, que desarrolló células de inteligencia para eliminar a la principal organización guerrillera marxista de Argentina. "Mayor Peña" creó una red de agentes para infiltrarse en las filas conducidas por Santucho, entre los que se destacó uno conocido como "El Oso", quien llegó a entregar a más de 50 militantes. "Fue un verdadero héroe", dijo Españadero sobre su espía.


En su búsqueda del referente del PRT-ERP, Españadero irrumpió en una casa de Morón el 8 de diciembre de 1975, en la que se encontraban las hermanas María Ofelia Santucho, de 15 años, María Susana, de 14, María Silvia, de 13, y María Emilia, de 10, junto a su madre Ofelia, sobrinas y cuñada de Mario Roberto Santucho, respectivamente.
En el lugar también estaban sus primas: Ana María, de 14, Marcela Eva, de 13, y Gabriela Inés, de 11, todas hijas de Santucho y Ana María Villareal. Por último, Esteban Abdón, de 4 años, y Mario Antonio, de nueve meses, los hijos de Santucho y Liliana Delfino, jugaban en el patio del domicilio. El comando liderado por Españadero secuestró a todos los presentes.
Todos los menores de edad fueron trasladados al excentro clandestino "Puente 12" y luego los llevaron al Pozo de Quilmes. En ambos lugares fueron interrogados y sufrieron diferente tipo torturas al mando de Españadero. Finalmente, permanecieron en un hotel en el barrio porteño de Flores durante una semana, cuando lograron refugiarse en la Embajada de Cuba y huir del país.
La Justicia condenó a Españadero a 16 años de prisión. En la actualidad, cumple su pena desde su domicilio.