La situación de caja del gobierno es crítica. La caída interanual del 10% de recaudación de febrero amenaza con repetirse en marzo. Pero la situación sería aún más grave de lo parece si el gobierno cumpliera son sus obligaciones fiscales.
LPO accedió a los datos desagregados de la recaudación de febrero, un detalle que el Gobierno no suele publicar, y aparece con claridad un dato incómodo: el Estado no pagó ni devoluciones ni reintegros de IVA a los exportadores. 
La planilla oficial a la que accedió LPO muestra que en febrero de 2026 el casillero de "Devoluciones (-)" y "Reintegros (-)" aparece en cero, mientras que en febrero del año pasado figuraban pagos por unos 50.000 millones de pesos en cada concepto. 
El número confirma lo que el sector venía denunciando desde fines del año pasado: el Gobierno continúa en default comercial con los exportadores. 
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El mecanismo es conocido en la estructura tributaria argentina. Cuando una empresa exporta, el IVA que paga en la cadena de producción debe ser reintegrado por el Estado, porque las exportaciones no tributan ese impuesto. Ese recupero funciona, en la práctica, como una devolución de impuestos pagados previamente. 
Cuando ese reintegro se demora, el exportador termina financiando al Estado. Y si directamente no se paga, el crédito fiscal se transforma en una deuda del fisco con el sector privado. 
El Gobierno acumuló un stock de deuda creciente por recuperos de IVA y reintegros a exportadores, que se fue estirando mes a mes en medio de la caída de la recaudación, que se derrumbó 9,5% en febrero, y la necesidad oficial de sostener el superávit fiscal. 
Eso es lo que viene ocurriendo desde el último trimestre del año pasado. El Gobierno acumuló un stock de deuda creciente por recuperos de IVA y reintegros a exportadores, que se fue estirando mes a mes en medio de la caída de la recaudación, que se derrumbó 9,5% en febrero, y la necesidad oficial de sostener el superávit fiscal. 
La tensión ya había escalado en noviembre, cuando el Ministerio de Economía lanzó un esquema para dolarizar esos créditos fiscales acumulados, una forma de reconocer implícitamente el atraso en los pagos. 
La solución ofrecida por el Gobierno consistía en transformar esos saldos en un instrumento que recién podría utilizarse o compensarse a partir de 2027. En el sector exportador interpretaron esa medida como una señal clara de que el Tesoro no tenía caja para cancelar la deuda en efectivo. 
"Esto es un default comercial. El Estado nos debe impuestos que ya pagamos y ahora pretende patearlos dos años", se quejó ante LPO un empresario del sector agroexportador. 
El enojo es transversal. Desde economías regionales hasta grandes exportadoras coinciden en que el atraso en los reintegros encarece el costo financiero de exportar, porque obliga a las empresas a financiar ese crédito fiscal durante meses. El problema se vuelve más sensible en un contexto de caída de la actividad y márgenes más ajustados.  
En el mercado ya circula otra preocupación: que el Gobierno repita con los exportadores el mismo esquema que evalúa para la deuda con constructoras por obra pública paralizada. En ese caso, como reveló LPO, en Economía analizan entregar bonos para compensar parte de la deuda acumulada con la Cámara Argentina de la Construcción.  
Es decir, que el Estado termine cancelando el recupero de IVA con algún instrumento financiero en lugar de efectivo.