El fiscal federal Eduardo Taiano, quien está a cargo de la investigación del criptoescándalo de $LIBRA, tiene en sus manos el destino del pedido de indagatoria del presidente Javier Milei que realizaron el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), que actúan como Amicus Curiae en la causa. La solicitud se realizó luego de que se difundiera públicamente la existencia de un acuerdo confidencial entre Milei y el impulsor del token del escándalo, Hayden Davis. No es lo único sobre lo que debe opinar el fiscal. También debe dictaminar sobre el requerimiento de la defensa del trader Mauricio Novelli, intermediario de la criptoestafa, que reclamó “se disponga la reserva” del peritaje sobre su celulares y computadoras por considerar que hay cuestiones personales que no debieran tener publicidad. En el análisis de los dispositivos electrónicos se halló información relevante para la pesquisa. Una vez que opine Taiano, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver. Pero la opinión del fiscal será determinante por ser quien tiene a su cargo la instrucción.
Este último miércoles el juez Marcelo Martínez de Giorgi corrió vistas al fiscal tanto del pedido de indagatoria de Milei que realizaron el CIPCE y el INECIP así como de las presentaciones que realizaron Novelli y los querellantes. Por ejemplo, el damnificado Martín Romeo pidió copias digitales de los anexos del peritaje sobre los celulares y computadoras de Novelli y Sergio Morales, que se encuentran reservados en el juzgado. En ese material, que fue analizado por peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal, se hallaron copias del borrador del contrato que habría firmado Milei con Hayden Davis.


El pedido de indagatoria de MileiJulián Alfie, en representación del INECIP, y Pedro Biscay, por el CIPCE, se presentaron ante el juzgado a cargo de Martínez de Giorgi y solicitaron que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei por considerar que es hora de que brinde explicaciones sobre su rol en la criptoestafa. Entienden que podría haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles y que la difusión de la transcripción de un contrato confidencial que habría firmado con Hayden Davis lo complica.
De acuerdo al escrito, al que accedió El Destape, la solicitud que apunta al Presidente de la Nación tiene como disparador la nota de Clarín en la que se publicó la transcripción del acuerdo que presuntamente firmaron Milei y Hayden Davis. Se trata de la nota “Escándalo cripto: el texto del acuerdo confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei firmado hace un año”. Para Alfie y Biscay, “de corroborarse su autenticidad, dicho instrumento aportaría un elemento sustantivamente nuevo que exige profundizar la investigación en torno a la eventual configuración del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Como amicus curiae (amigos del tribunal), figura por la cual pueden aportar líneas investigativas a la causa, tanto INECIP como CIPCE sostienen que Mieli tenía “conocimiento” e “interés” sobre el “negocio” de $LIBRA, algo que “se infiere de la secuencia de hechos que se sucedieron en forma previa al 14 de febrero”, es decir, al momento que en el Presidente tuitea para promocionar el lanzamiento del criptoactivo. Tras la difusión de la existencia de un contrato confidencial con Hayden Davis se “terminaría de corroborar esos extremos”.
“No se trata aquí de una conjetura abstracta. La nota periodística referida no alude a una mera reunión informal ni a un intercambio epistolar, sino a un acuerdo confidencial formalizado, cuyo contenido —según lo publicado— comprometería al titular del Poder Ejecutivo Nacional en un entendimiento con un empresario privado vinculado a un negocio de naturaleza económica. De confirmarse su celebración, el contenido del acuerdo resulta revelador en cuanto a los alcances que tendría desde el punto de vista penal”, señalaron Alfie y Biscay en su presentación que ahora está en manos de Taiano.
Según se desprende de lo publicado por Clarín, Davis haría un asesoramiento “ad honorem” para la “automatización mediante contratos inteligentes”, “digitalización de documentos públicos”, “desarrollo de ecosistemas de innovación digital” y “educación y capacitación”
El acuerdo se habría firmado entre el 29 y el 30 de enero de 2025. El 30 fue el día en que se reunieron Davis y Milei en Casa Rosada y cuando el presidente tuiteó sobre ese encuentro presentando al empresario en sociedad. En la misma fecha, Davis giró al menos 500 mil dólares a cuentas que se están investigando.

En su presentación, desde INECIP y CIPCE destacaron que por “la amplitud de los ‘servicios’ ofrecidos por el Sr. Davis”, que ninguno “fue descripto en forma detallada”, genera “dudas de si no se trata de un ‘contrato simulado’ que busca ocultar el verdadero objeto del acuerdo, que es el que se concretaría pocos días después a través del lanzamiento del token $LIBRA”. También señalaron que la cláusula de confidencialidad es “injustificable si las finalidades del acuerdo eran nobles” e “ilegal por violar el principio de publicidad de los actos de gobierno que rige en un sistema republicano”.
Por otro lado, agregaron que si Milei firmó el acuerdo “de puño y letra, surge la pregunta elemental sobre la consulta respectiva a las diferentes áreas del Poder Ejecutivo con competencias específicas en la materia”, que todo indica que no se realizaron. “La ausencia de información oficial frente a la difusión pública de un documento de tal gravedad no disipa las dudas: las profundiza”, destacaron los amigos del tribunal.
En el escrito se recordó que realizaron pedidos de acceso a la información pública a la Procuración del Tesoro de la Nación; a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría General de la Presidencia; y a la Oficina Anticorrupción para conocer sobre la existencia del contrato  que únicamente respondió la secretaría a cargo de Karina Milei, que “informó expresamente que no posee registro alguno del convenio o acuerdo consultado”. Para Alfie y Biscay “la inexistencia de actuación registrada en el ámbito de una dependencia central en la coordinación administrativa de la Presidencia permite inferir que el eventual instrumento no siguió los canales institucionales ordinarios, previstos legalmente para resguardar la integridad del actuar oficial del Presidente de la Nación”. Y por lo tanto se trataría de un acuerdo “clandestino” y no “confidencial”.
Al cerrar su escrito, como amicus curiae cuestionaron el lento accionar del fiscal Taiano en la investigación: “Por último, a un año del comienzo de la presente investigación, resulta llamativa la ausencia absoluta de información pública por parte del Ministerio Público Fiscal. No se conocen los motivos por los cuales la causa no avanzó siquiera a una primera instancia de indagatoria de las personas investigadas, pese al cuantioso y diverso material probatorio disponible”.
A la par que este pedido de indagatoria se conoció el resultado del peritaje a los celulares y computadoras de Novelli y Morales, ambos acusados de actuar como intermediarios en la criptoestafa.
Según se desprende del trabajo realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en los dispositivos analizados se encontraron pruebas de la existencia de un contrato entre Milei y Davis o un borrador del mismo por lo que Taiano envió una consulta a la Secretaría General de Presidencia por la existencia del acuerdo. A juzgar por lo que informaron desde INECIP y CIPCE, la contestación que recibirá el fiscal será negativa. El periodista Hugo Alconada Mon publicó en La Nación que peritos informáticos hallaron copias de un borrador del acuerdo confidencial en al menos uno de los dispositivos electrónicos que se le secuestró a Novelli.
Coincidencias o no, el 4 de marzo, es decir, tras la difusión del peritaje de la DATIP, Martínez de Giorgi corrió vista a Taiano de este pedido de indagatoria de Milei que realizaron INECIP y CIPCE: “Por recibida la presentación realizada por Pedro M. Biscay, y Julián Alfie, y toda vez que la presente causa se encuentra delegada en la Fiscalía Federal nro. 8, remítase a dicha sede a sus efectos”.
Fuentes judiciales señalaron a El Destape que INECIP y CIPCE “no son parte en el expediente” y por lo tanto “no puede pedir nada” pero “Taiano puede considerar que el requerimiento resulta un aporte importante a la causa, como amicus curiae, y puede compartir los argumentaron para pedir la indagatoria”. Por eso, lo que dictamine Taiano puede ser determinante para el futuro de la causa.
Es que si está de acuerdo con la citación del Presidente, a Martínez de Giorgi le quedaría poco margen de maniobra para evitar esa convocatoria.
A juzgar por cómo administró el expediente es difícil esperar que Taiano convoque al Presidente en lo inmediato. Pero no debe descartarse que el pedido de Alfie y Biscay lo motorice, al menos, a convocar a otros involucrados a indagatoria. Pruebas para hacerlo, sobran.