Efectivos de la Policía Federal con asiento en la provincia de Corrientes está allanando de forma simultanea la Secretaría de Economía, el Ejecutivo de la Municipalidad de Sáenz Peña y el domicilio del secretario de gobierno en uso de licencia, Diego Landriscina, además de la Secretaría de Economía de la comuna local . Los allanamientos estaría vinculado al escándalo de la Bolsa de Comercio y la pérdida millonaria en operatorias de alto riesgo ejecutada por la comuna termal tras la denuncia realizada por el diputado, Santiago Pérez Pons y los ediles justicialistas. Paralelamente se allana la Bolsa de Comercio del Chaco y se realiza una declaración clave en la causa federal contra el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña. Hay denuncias de posible negligencia, comisiones irregulares y cincuenta presuntas estafas en la mira.



Este martes por la mañana, fuentes judiciales confirmaron a NORTE que el gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, declararía como testigo en la causa que involucra a la Municipalidad de Sáenz Peña en posibles operatorias irregulares que perjudicaron a esa comuna. En paralelo, la AFIP-ARCA y la Policía Federal realizaron un allanamiento en la sede de la Bolsa, ubicada en el séptimo piso del edificio de Frondizi 147, en Resistencia, en busca de documentación y respaldos electrónicos vinculados a operaciones con cheques.


De acuerdo con los testimonios y documentos que hoy analizan los investigadores, el foco está puesto en presuntas maniobras con cheques en el segmento no garantizado o avalado. Una hipótesis es que la Bolsa podría haber omitido controles evaluación de riesgos al aceptar operaciones de una empresa o persona que no habrían reunido las condiciones para operar. Esa supuesta falla, señalan, habría expuesto a inversores institucionales y a organismos públicos.










Desde la Bolsa, en cambio, se alega que las operatorias están dentro de los marcos legales correspondientes, incluso aquellas que tienen niveles de riesgo superiores pero que, a cambio, ofrecen también mayores rentabilidades.
En cambio, los acusadores afirman que no se consideró el perfil de riesgo de quienes buscaban financiamiento y que esa omisión impactó de lleno en la protección de los inversores. Aseguran que el Municipio sería apenas uno de los alrededor de cincuenta damnificados por un circuito que también habría alcanzado a Consejos y Colegios profesionales, entre otras entidades.
Otra línea de la pesquisa apunta a las comisiones percibidas en estas operaciones. Se investiga cuánto se cobró a clientes por cheques que luego cayeron en incumplimiento y bajo qué modalidad se abonaron comisiones, un punto que, de comprobarse, podría encuadrar como cohecho. 

Entre los nombres que aparecen en los expedientes surge el de Diego Landriscina. Según reconstrucciones preliminares, habría tramitado su inscripción como agente productor ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), pero el pedido fue rechazado por su condición de Persona Políticamente Expuesta. Aún así, se analiza si pudo haber percibido comisiones equivalentes a las de un productor registrado.

Los investigadores también procuran identificar a los asesores o productores vinculados con las empresas que terminaron en default. Una de las hipótesis es que podrían mantener lazos con autoridades de la Bolsa, lo que, de confirmarse, sumaría un conflicto de interés a la trama. En paralelo, fuentes consultadas señalan la existencia de 49 inversores institucionales que optaron por no iniciar reclamos y evitar la exposición pública, un dato que, sostienen, explica el reciente cambio de estrategia legal de la entidad. La denuncia penal fue formulada por el diputado justicialista y exministro provincial de Economía Santiago Pérez Pons, junto con concejales saenzpeñenses del PJ.