El Partido Justicialista (PJ) emitió un fuerte respaldo al gobernador Ricardo Quintela tras la embestida judicial impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli. La dirigencia peronista salió al cruce de la denuncia por “incitación a la violencia” contra el mandatario riojano, motivada por sus críticas al ajuste del gobierno de Javier Milei. En un comunicado, el PJ subrayó que no se trata de una presentación aislada, sino de un nuevo capítulo de “persecución política” e intento de “disciplinamiento” a través de los tribunales de Comodoro Py. El peronismo riojano se sumó al repudio y advirtió que “si tocan a Quintela, tocan al federalismo”. El gobernador agradeció los gestos de apoyo y afirmó tener la “tranquilidad de saber que no está solo”.
En un documento titulado “Solidaridad con el gobernador Quintela”, el PJ nacional —presidido por Cristina Fernández de Kirchner— rechazó la maniobra del fiscal y la calificó como carente de todo sustento jurídico, ya que se origina en una mera opinión expresada en un medio de comunicación. “Se trata de un nuevo episodio de persecución política y de la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento contra dirigentes de la oposición al gobierno de Milei”, señala el texto, que además destaca que la acción es ejecutada por un funcionario con “una larga trayectoria en causas armadas, extorsiones y persecución a peronistas”.

La acusación de Stornelli se basa en declaraciones de Quintela en una entrevista radial, donde expresó su preocupación por la sostenibilidad social del modelo económico actual. El gobernador cuestionó el feroz ajuste, comparó la situación con el final del gobierno de Fernando de la Rúa y afirmó que la gestión libertaria “no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027”. “Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado”, esgrimió y calificó lo que ocurre como un “genocidio social”. Según el fiscal, esas expresiones encuadran en delitos como instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición.
En el escrito de cuatro páginas presentado ante los tribunales federales, Stornelli transcribió fragmentos de la entrevista, sostuvo que las expresiones revisten “mayor trascendencia y gravedad institucional” por provenir de un gobernador en ejercicio y solicitó que se cite a Quintela a declaración indagatoria.
Ante los cuestionamientos, el mandatario provincial aclaró que “planteó una declaración política de lo que visualiza que puede suceder en el corto o mediano plazo si no se modifican las políticas” de ajuste. “Crece la situación social en los sectores vulnerables y en la industria. Cada vez se pierden más puestos de trabajo”, detalló.
En sintonía con el PJ Nacional, el peronismo riojano calificó la jugada de Stornelli como una “burda maniobra” para amedrentar a la oposición y reiteró que “si tocan a Quintela, tocan al federalismo”. La vicegobernadora Teresita Madera enfatizó que denunciar la insostenibilidad del ajuste permanente no constituye una incitación a la violencia, sino una lectura de la realidad. “Los conflictos no los genera quien los señala, sino las condiciones que los producen”, indicó.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, añadió que se trata de “otra afrenta contra el federalismo” y de “otro intento más de judicialización de la política”. En un mensaje dirigido a los gobernadores, les advirtió que “los quieren amordazar”. En la misma línea, la senadora riojana Florencia López resaltó que este tipo de acciones forman parte de un esquema de persecución que busca “disciplinar y silenciar” a los mandatarios peronistas.
Ayer por la tarde, Quintela agradeció el acompañamiento: “Recibo cada mensaje con la tranquilidad de saber que no estamos solos. Somos muchos los que creemos en una Argentina con justicia social, donde se gobierne para todas y todos, no para unos pocos”. Y completó: “Soy y seguiré siendo un firme defensor de la democracia”.
El perfil del fiscalCarlos Stornelli es uno de los fiscales más polémicos del sistema judicial argentino. Designado en 2004, su prontuario más reciente incluye el escandaloso caso Marcelo D’Alessio, donde se probó su vínculo operativo con el falso abogado, quien extorsionaba aprovechando su influencia en los tribunales. Audios, documentos y testimonios revelaron que esa relación fue clave en una asociación ilícita dedicada a espionaje ilegal, fabricación de pruebas y presiones en causas de corrupción. Stornelli fue procesado por encubrimiento agravado y asociación ilícita, aunque luego beneficiado por fallos que omitieron sus responsabilidades.
Durante el macrismo, tuvo un rol central en la “mesa judicial”, coordinando causas de lawfare contra opositores como Cristina Kirchner y exfuncionarios kirchneristas. En los últimos tiempos, Stornelli se sumó a denuncias impulsadas desde el oficialismo actual, como las etiquetadas de “terrorismo” contra protestas sociales, consolidando su imagen de operador judicial alineado al poder de turno.