A casi dos meses del incendio en la Unidad Penitenciaria de Bouwer en el que murieron las internas Agostina Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo, de 25 y 33 años respectivamente, las familias se movilizaron este martes para exigir justicia y una investigación profunda que se determine si hubo irregularidades y responsabilidades en la tragedia.
Además, la mamá de Agostina, Valeria Soledad Romero, presentó un pedido formal para ser querellante y reclamó: “Queremos saber qué pasó realmente y que se haga justicia”.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025. Cuando el fuego se desató dentro de la cárcel, las víctimas se encontraban en una celda de aislamiento.
Sospechas sobre el accionar del penal y los guardiasSegún la querella, Agostina Pedraza estaba bajo custodia del Estado provincial sin condena firme y había sido trasladada a Bouwer para estar más cerca de su familia durante las fiestas.

Los familiares aseguran que las condiciones de detención eran un combo explosivo: colchones inflamables, un presunto encendedor y matafuegos sin funcionar dentro de la celda.
Todos estos factores, sumado a la presunta demora en la apertura de las puertas por parte de los guardias, se convirtieron en una trampa mortal.
En este sentido, allegados a las víctimas remarcaron que “hubo pedidos de auxilio” y que otras reclusas fueron evacuadas antes que ellas. Por este motivo, insisten con que se investigue si existió abandono de persona o incluso homicidio agravado por abuso de función.
“Ingresó con vida y salió muerta”Mientras la causa avanza en los tribunales provinciales, la querella solicitó la revisión de los protocolos contra incendios, los registros de mantenimiento de los equipos de emergencia, la nómina del personal de guardia, las imágenes de seguridad y peritajes técnicos, entre otras medidas.
Asimismo, reclamaron que se tomen testimonios de testigos, internas y personal médico para reconstruir lo que realmente pasó esa noche.
“La vida de Guadalupe estaba bajo responsabilidad del Estado. Ingresó con vida y salió sin vida. El Estado tenía el deber jurídico de garante sobre su integridad”, señalaron desde la representación legal, según indicó en sus redes el portal Info Toledo.