En tiempo record y sin el debate necesario, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que lejos de proponer una modernización laboral para los trabajadores se centra en beneficiar a las grandes empresas, y recortar derechos laborales. Con la ayuda de los bloques aliados y de los gobernadores, incluso algunos que todavía se jactan de ser peronistas, se debatió la ley en la Cámara baja en medio del paro convocado por la CGT. UP intentó, en una jugada que evitó el oficialismo, volver el proyecto a Comisión y hacer caer la sesión.
Con 135 votos afirmativos, 115 negativos, y 0 abstenciones el oficialismo consiguió otra victoria en la Cámara de Diputados, y le dio a Milei la posibilidad de jactarse en la próxima apertura de sesiones ordinarias de un nuevo paso de la motosierra libertaria, esta vez sobre los derechos de los trabajadores.

La Libertad Avanza (95) logró el acompañamiento de los 22 miembros del interbloque Fuerza del Cambio que reúne al PRO, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. Además, contó con los 9 integrantes de Innovación Federal (Salta y Misiones); los 2 diputados de Producción y Trabajo (San Juan), uno de La Neuquinidad y 2 de Independencia (Tucumán) ya que no votó el tercero, Javier Noguera. También juntaron adhesiones de parte de Provincias Unidas, como la del diputado rionegrino, Sergio Capozzi, el jujeño Jorge Rizzotti y los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez. Los Catamarqueños, que ayudaron para que el oficialismo consiga el quorum para el inicio de la sesión, ya habían adelantado que iban a rechazar el proyecto en la votación en general y así lo hicieron.
El proyecto deberá ahora volver al Senado tras la modificación que sufrió por la eliminación del artículo 44, que cambiaba el régimen de licencias médicas. El artículo que se retiró del texto por el rechazo social acumulado, que se plasmó en la presión de los bloques aliados, señalaba que durante las licencias por enfermedad el salario podría reducirse al 50% o al 75%, dependiendo de la situación del trabajador, en contraste con el esquema vigente que garantiza la percepción íntegra del sueldo por el tiempo que dure la enfermedad. La Cámara alta tendrá que ratificar el proyecto modificado, o insistir con la versión original.
El cuestionado capítulo que proponía la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) consiguió los votos necesarios en la votación en particular y, con 130 votos afirmativos, 117 negativos y 3 abstenciones, se sostuvo en el texto. El gobierno logró así avanzar con uno de los artículos más discutidos y cuestionados del proyecto.
Los gobernadores habilitaron el debateUn momento central de la jornada, fue el de conseguir el quorum para que pueda iniciar la sesión. Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) mandaron a sus diputados a dar quorum, al igual que lo hizo el gobernador Hugo Passalacqua (Misiones), lo que permitió que el oficialismo obtuviera 129 legisladores sentados en sus bancas para poder abrir la sesión. La misma actitud tomó el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que pasó por alto su trayectoria sindical y le hizo otro favor al gobierno. A diferencia de lo que había decidido frente al tratamiento en el Senado, dispuso que José Garrido también ocupara su banca para abrir el debate.
El diputado salteño Pablo Outes, que responde al gobernador Sáenz, se manifestó a favor de la Ley de Modernización Laboral, mientras los diputados de UP lo acusaban de “traidor” por dar quorum. “No soy mileista, pero tengo el concepto de que la justicia debe ser para todos y muchos no conocen el interior”, intentó defenderse.
El integrante de Innovación Federal junto a sus coterráneos salteños (Bernardo Biella y Yolanda Vega) fue clave para habilitar el quórum en la sesión. Outes argumentó su voto en favor de la norma amparándose en la situación de las empresas en las provincias: “La ley actual no tuvo en cuenta a nuestras empresas, las provincias del interior hemos quedadas postergadas”.
Outes, además, se encontró con una fuerte replica por parte del diputado bonaerense Rodolfo Tailhade, que lo acusó de perder un juicio laboral contra un empleado que quedó con el 84 por ciento de su cuerpo incapacitado.
La jugada de Unión por la Patria y los principales crucesPasada las 21.30 el bloque de Unión por la Patria avanzó en un intento de levantar la sesión. El diputado Marcelo Mango, al momento de su exposición, pidió una moción de orden para que el proyecto volviera a Comisión, cuando el recinto estaba prácticamente vacío. Al advertir la intención de UP, Martin Menen le dio la palabra a la diputada Silvina Giudici, para que hiciera tiempo y los libertarios alcanzaran a llegar a sus bancas para poder reestablecer el quorum y la sesión no se cayera. Lo que determinó que los diputados de UP se le fueran al humo a Martín Menem por la demora en la votación y rodearon el estrado del presidente de la Cámara que hizo caso omiso a los reclamos y continuó la sesión como si nada.
El quorum fue sin duda un tema que encendió el recinto. La sesión comenzó con tensión luego de que el oficialismo alcanzara el número necesario con la ayuda de diputados que entraron en las listas de Unión por la Patria y que hoy, a pedido de sus gobernadores, actuaron en contra de los derechos laborales que históricamente defendió el movimiento peronista.
El primero en salir a manifestar la opacidad que caracterizó la sesión fue el jefe de bloque de UP, Germán Martínez, que denunció la existencia de diferentes “packs” que ofrecía el oficialismo para que diversos diputados den quorum, acompañen la ley, o ambas cuestiones, y cargó contra el presidente de la Cámara Martín Menem por recortar la cantidad de oradores para apurar el debate.
La diputada nacional Vanesa Siley también levantó la temperatura del recinto cuando llamó “traidores” a los representantes salteños, misioneros y tucumanos que accedieron a sus bancas en boletas de Unión por la Patria en 2023 o de Fuerza Patria en 2025 y hoy dieron luz verde a esta reforma.
Otra de las voces que se levantó para pedirle a los diputados peronistas de Salta, Catamarca y Tucumán que no voten en favor de la Ley fue el diputado Nicolás Trotta, que llamó a la “reflexión” y les exigió a esos legisladores que “no se coman la dignidad de sus gobernadores” al votar una ley que no tiene una sola ampliación de derechos para los trabajadores en situación de precariedad laboral.
La diputada Teresa García, cargó contra el diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón por la defensa que hizo del dictamen del oficialismo. Fue la encargada de marcarle al correntino que el reglamento prohíbe que un diputado lea la totalidad del dictamen, algo en lo que incurrieron varios libertarios que necesitan de apuntes bien completos para llevar adelante sus exposiciones.
Más voces en contraSergio Palazzo, que defendió en el recinto la propuesta de Reforma Laboral de Unión por la Patria, cuestionó que dentro de los 26 títulos y de los 213 artículos de la Ley del oficialismo no se mejore la vida de los empleados. “No hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí beneficios para los empresarios”.
Entre los puntos que el bancario consideró más negativos, enumeró los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, en la de Convenios Colectivos, la de Asociaciones Sindicales y llamó “antirreglamentario” a “meter por la ventana” el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se encargó de corregir el erróneo argumento libertario al explicar que la ley que se esta tratando tiene 50 años, pero “tuvo más de 200 reformas”.
Sobre el Fondo de Asistencia Laboral, el titular de La Bancaria explicó que busca financiar el pago de indemnizaciones afectando al ANSES y permitiendo que el costo directo del despido no salga del bolsillo inmediato del empleador: “Con la plata del abuelo le van a pagar la indemnización al nieto”.
Máximo Kirchner fue otro de los que cuestionó el FAL por estar pensado para “subsidiar despidos de hombres y mujeres de nuestro país”, y le auguró a la ley exigida por el Fondo Monetario Internacional un mal pronóstico al advertir que “no habrá excusas para el fracaso que vendrá”. “Están haciendo lo que quieren y lo están haciendo mal”, dijo al apuntar contra el gobierno de Javier Milei.
El diputado Miguel Ángel Pichetto también se pronunció en el mismo sentido al advertir que el FAL “se va a financiar con la plata de los jubilados”. El diputado de Encuentro Federal cuestionó la naturaleza de la reforma porque “siempre va a favor del empresario”.
Horacio Pietragalla, diputado de UP, decidió simbolizar con cadenas – que le entregó a Martín Memen- lo que la ley significará para los trabajadores. “Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud y te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso para nuestros derechos laborales, para nuestros derechos históricos y para nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores”, apuntó durante su exposición.
Mónica Frade, de la Coalición Cívica se enfocó en la derogación de alguno de los incisos de la Ley 24.460, que habilita el peculio a los presos. “El peculio, es lo que se le paga a los internos por el trabajo. Eso sirve para que los internos puedan sobrevivir cuando el servicio penitenciario se come la carne que es para ellos, también para subsidiar a sus familias que están afuera”, especificó. A su vez, detalló que la ley contempla que un 10 por ciento de ese peculio sea destinado para reparar a las víctimas de delitos. “Ustedes que defendían a las victimas ahora nos ponen a derogar esto”, gritó Frade.
Otros cuestionamientos que sobrevolaron el recinto fueron aquellos que señalaron que la ley viola el principio de progresividad, que supone que los Estados están comprometidos a legislar de manera no regresiva en materia de derechos. Es decir, una vez que el Estado reconoció y garantizó un derecho social, no debería volver atrás salvo circunstancias excepcionales. Pero esta norma no solo pasa por alto tratados Internacionales, sino que es contraria a lo que manda el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En este sentido, la diputada peronista Teresa García, se refirió a la ley como a una norma que en realidad “está muerta” porque “va a ser cuestionada constitucionalmente, va a ser cuestionada judicialmente, y es inaplicable”. Será entonces, la vía judicial el camino para frenar una ley que consiguió pasar ambas cámaras con escasísimo debate y pocos argumentos que pudieran sostener el brutal retroceso, pero a medida del FMI.
Los principales puntos de la LeyEntre los puntos más polémicos se encuentra la baja de las indemnizaciones por despido, que plantea que el sueldo que se va a tomar para el cálculo no es el mejor sino el sueldo básico. Se excluyen así conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. A su vez, establece la creación del cuestionado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financia a las empresas para que puedan despedir empleados y que fue fuertemente criticado por la oposición en el Senado.
Por otro lado, la reforma habilita ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, y crea el banco de horas, que permitiría que las horas extra en vez de ser pagas sean “compensadas” en otra jornada laboral.
También se limitará el derecho a huelga y a realizar asambleas en horario laboral. Además, se declaran decenas de servicios como esenciales para limitar los paros, y restringir así la capacidad de lucha de los trabajadores.
La reforma crea un régimen específico para los servicios de reparto y movilidad a través de plataformas digitales que, en los hechos, establece que quienes realizan esas tareas sean considerados “prestadores independientes” y no trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.
Otro punto sensible del proyecto es la derogación de la Ley de Teletrabajo, vigente desde 2021. Esa norma regula el trabajo a distancia mediante el uso de tecnologías y garantiza que quienes realizan tareas desde su domicilio tengan los mismos derechos que el personal que trabaja de forma presencial.
Se derogan estatutos como el del Periodista, el del Peluquero y el del Viajante de Comercio, lo que busca eliminar regulaciones particulares que durante décadas establecieron condiciones propias para cada sector. También se afecta al Incaa, porque se elimina el fondo que financia y sostiene a la industria audiovisual argentina.
La reforma, igualmente ataca la prioridad que tenían los convenios por empresa sobre los convenios de actividad. Actualmente, un sindicato nacional negocia un piso de derechos para toda la rama, pero con la reforma, cada empresa puede negociar condiciones inferiores a ese piso nacional.