Audios extorsivos y engaño virtual: así operaba la banda que hostigó al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos
La causa por la muerte de Rodrigo Andrés Gómez, el militar de 21 años que se suicidó en la Quinta de Olivos, sumó en las últimas horas un elemento clave: los audios extorsivos que habría recibido la víctima antes del hecho. De acuerdo con la investigación judicial y la información difundida por el Gobierno, el joven fue blanco de una maniobra de engaño iniciada a través de una aplicación de citas y ejecutada por una organización delictiva que operaba desde unidades penitenciarias bonaerenses.
La protesta era por aumento salarial.
El mecanismo comenzaba con el contacto de un perfil femenino ficticio que iniciaba conversaciones y generaba confianza durante varios días.Días después llegaba el primer audio intimidatorio, enviado por una mujer que simulaba ser la madre de una menor: “¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacer la denuncia! Diecisiete años tiene mi hija”, se escucha en la grabación incorporada al expediente.


Luego aparecía la segunda etapa del engaño. Un hombre que se presentaba como policía enviaba otro mensaje de voz: “Me presento, acá habla Matías Nicolás Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Tengo a la madre de una menor radicándome una denuncia en tu contra”, afirmaba, mientras aseguraba contar con conversaciones y archivos supuestamente recuperados del teléfono de la víctima.
El hostigamiento continuaba con nuevas advertencias sobre una inminente detención y la exposición pública del caso. Luego llegaba la exigencia económica presentada como la única alternativa para evitar la causa judicial. En otro de los audios analizados por los investigadores, enviado a otra víctima, el falso agente presionaba: “Yo te puedo sacar limpio de esta, pero va a tener un costo económico… ¿Para vos cuánto vale tu libertad?”
Según la reconstrucción del expediente, las solicitudes iniciales podían alcanzar los 500 mil pesos y luego eran negociadas con la víctima, incluso aceptando pagos parciales a través de transferencias electrónicas. Paralelamente, los extorsionadores imponían el aislamiento: “Esto queda entre vos y yo. Ningún familiar, ninguna autoridad”, advertían, mientras incrementaban la presión con amenazas de detención inmediata.
La investigación judicial sostiene que el esquema era coordinado desde unidades penitenciarias bonaerenses, con apoyo externo para manejar cuentas bancarias y retirar el dinero. La hipótesis oficial indica que este mecanismo de amenazas y hostigamiento fue el contexto previo al suicidio del joven militar ocurrido dentro de la residencia presidencial.