Durante la entrevista con María Quinteros el legislador estructuró su oposición en cinco ejes principales: derechos individuales del trabajador, derechos colectivos, organización de la justicia laboral, régimen de regularización laboral y la reforma tributaria que considera “encubierta” en la iniciativa.“Si tenés que analizar este proyecto de ley, verdaderamente es una afrenta contra el pueblo trabajador y debe ser rechazado in límine”, sostuvo Capitanich, trazando un paralelismo histórico con medidas de la última dictadura militar. “Esto es más o menos equivalente a lo que la dictadura militar hizo con la ley 21.297”, afirmó, recordando que esa norma “suprimió el derecho a huelga, prohibió la actividad sindical, eliminó el fuero sindical y derogó las asociaciones sindicales”, con el consecuente desplome de la productividad y el salario.
Los principios que se eliminanEl senador detalló algunos de los principios fundamentales que, a su juicio, el proyecto vulnera: “In dubio pro operario. O sea, en duda, a favor del trabajador. Lo lleva a su mínima expresión”. Asimismo, señaló que se elimina “el principio de justicia social” y se instituye un concepto donde “el trabajo es una relación de intercambio”, contradiciendo el principio fundacional de la OIT de que “el trabajo no es una mercancía”.Respecto a los cambios concretos, Capitanich se refirió a la modificación de los cálculos indemnizatorios: “El artículo 245, que es la indemnización plena, y el 247, el 50%, establece claramente la exclusión del salario anual complementario, o sea, aguinaldo, y también excluye todo lo que no significa remuneración normal, habitual, regular”.
Reforma tributaria y el rol de los gobernadoresEl senador también criticó duramente los componentes tributarios del proyecto, a los que definió como “un escándalo” y una “transferencia de riqueza por parte del Estado a particulares”. Mencionó beneficios como la reducción del IVA para servicios de riego, mallas antigranizo, amortizaciones aceleradas en ganancias, y la eliminación de impuestos suntuarios a seguros, aeronaves y embarcaciones.En esta línea cuestionó el tratamiento legislativo del proyecto, al advertir una violación del reglamento del Senado y de la Constitución Nacional, al tratarse de una reforma tributaria debería tener origen en la Cámara de Diputados”.Sobre el rol de los gobernadores en la negociación, fue contundente: “El entreguismo más absoluto de muchos o gran parte de los gobernadores es verdaderamente vergonzoso”. Acusó al oficialismo de “desfinanciar a las provincias y a los municipios” a través de mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que desvía recursos previsionales.
El impacto sobre la organización sindicalUno de los puntos de mayor énfasis fue el impacto sobre los sindicatos. “No escondido. Lo ponen con una claridad meridiana”, aseguró, citando artículos específicos. Explicó que se elimina el concepto de ultra actividad de los convenios colectivos, se establecen mecanismos de “voluntariedad en los aportes” a la cuota sindical y se da prevalencia a los convenios de empresa por sobre los de actividad. “Eso claramente tiene un objetivo que es atomizar el poder de representación sindical, desfinanciar la estructura de trabajo”, afirmó.Además, alertó sobre la reducción del financiamiento a las obras sociales: “Desfinancian las obras sociales del 6% al 5%”, lo que, sumado a la caída de salarios y la precarización, generaría el colapso de su servicio.
Conclusión: “Un juego a múltiples bandas”En su cierre, el senador sintetizó el alcance de la reforma: “Entonces, este es un juego  a múltiples bandas. Destroza a los sindicatos, a las asociaciones gremiales empresarias representativas, destroza y pulveriza los derechos del trabajador, destroza a las finanzas públicas de 2300 municipios y 23 jurisdicciones provinciales”. Y sentenció: “Si querían hacer un juego a múltiples bandas para destruir la Argentina y generar mayor concentración del ingreso, esta ley es verdaderamente perfecta”, concluyó.